El término en inglés “greenwashing”, a veces traducido como “eco-fraude”, ha sido usado para definir las acciones de empresas, organizaciones o gobiernos que promueven una imagen de que están actuando a favor del ambiente cuando en realidad no están tomando medidas significativas que respalden sus afirmaciones.
El mismo ha sido usado principalmente para describir las acciones de mercadotecnia de las empresas para intentar vender de manera fraudulenta la idea de que sus productos, servicios u orientación empresarial son respetuosos con el ambiente, sostenibles o saludables.
Aquí nos encontramos con productos “verdes”, “environmentally friendly”, “orgánicos”, “respetuosos del medio ambiente” y otras frases que lintentan vendernos unas características del producto o servicio que no pueden ser demostradas o que buscan apartar nuestra atención de otras cualidades del mismo que no son para nada ambientalmente sostenibles.
Un ejemplo muy común de esta práctica son productos cuya publicidad afirma, en el caso de ser alimentos, que provienen de cultivos sostenibles y ambientalmente responsables. Pero el procesamiento, empacado, transporte y procesos de venta de los mismos no son para nada sostenibles. Asimismo, agua embotellada supuestamente proveniente de manantiales ambientalmente protegidos, pero vendida en envases de plástico profundamente contaminantes.
Desafortunadamente, muchos gobiernos también incurren en estas prácticas falaces.
Estas acciones son aún más peligrosas, no sólo porque son un intento deliberado de los gobiernos de engañar a sus ciudadanos, sino por el hecho de que a través de ellas se omiten las obligaciones legales nacionales e internacionales de los Estados de proteger a los ciudadanos de los efectos del daño ambiental.
A la larga, estas prácticas tienen graves consecuencias sobre los ciudadanos al afectar derechos relacionados con la supervivencia de las personas tales como el de la salud, alimentación adecuada y ambiente sano, limpio y sostenible.
¿Cómo podemos identificar su uso por parte de los gobiernos?
Existen algunos claros signos y síntomas de que una acción de un gobierno es “greenwahing”.
Algunos de ellos son:
- Nacen de la nada. No parten de una evaluación rigurosa de la situación y las causas sociopolíticas que generaron los problemas existentes.
- Son desconectadas y limitadas. No se conectan con políticas de Estado claramente establecidas con objetivos de largo plazo.
- Surgen como consecuencia de problemas supuestamente imprevistos. Se presentan como si el problema fuera reciente o no lo hubieran percibido previamente.
- Son improvisados. No se presentan planes basados en procesos racionales realizados por expertos y otros actores interesados, que incluyan objetivos claramente determinados para ser alcanzados en tiempos claramente establecidos, con acciones articuladas, indicadores precisos de avance y financiamiento adecuado.
- Son cosméticos. Se realizan acciones dirigidas a mitigar (o maquillar) algunas situaciones muy visibles, pero que no cambian las causas reales de los problemas.
- Buscan ocultar responsabilidades. Se realizan acciones sensacionalistas para dar la falsa percepción de eficiencia y responsabilidad, pero que en el fondo buscan ocultar las responsabilidades y delitos que pueden estar detrás del daño ambiental.
- Son insuficientes. Se basan en acciones de corto plazo tipo “operativo” que no se mantienen en el tiempo.
- Son de resultados dudosos. Presentan datos, información de avance y logros que no se conoce cuál es su origen, no son verificables de manera independiente y que en muchas ocasiones son “demasiados buenos para ser verdad”. En otros casos, posteriormente a las acciones realizadas no se puede encontrar ninguna información sobre los posibles avances en la solución del problema.
- Son excluyentes. En el desarrollo de las acciones no se permite la participación de los actores interesados, incluyendo las organizaciones autónomas,comunidades locales y personas afectadas para que participen en la toma de decisiones, ejecución de actividades y evaluación de resultados.
- No tienen base ética ni de derechos humanos. Las acciones que se plantean no reconocen las deudas históricas con los pueblos y comunidades afectados por el deterioro ambiental, ni reconocen el derecho de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos ambientales de exigir y recibir reparaciones por sus daños y pérdidas, así como la garantía de que estos no se repetirán.
Cuando nos encontremos frente a estas situaciones debemos denunciarlas y exigir a los gobiernos que cumplan de manera responsable con sus obligaciones legales y compromisos internacionales hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos.
Sea en el Lago de Maracaibo o en el Parque Nacional Yacapana.
