En el estado Sucre, lo que comenzó como una falla en la infraestructura de abastecimiento derivó en una crisis humanitaria de profundas consecuencias sociales, sanitarias y económicas, que afecta a cientos de miles de personas y compromete seriamente sus condiciones de vida.
Cuando ya se cumplen 100 días de iniciada la crisis y sin visos de una solución cercana, en un marco de opacidad general, presentamos algunos aspectos de la información sobre la situación que vive la población del estado Sucre que ha venido siendo recopilada por la organización INCIDE, de Cumaná.
Esta organización realizó un proceso de documentación y seguimiento de la situación en distintas localidades del estado que muestra una realidad marcada por la creciente vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
El impacto más grave de esta crisis es humano. La falta de acceso regular a agua segura afecta directamente la salud, la alimentación, la higiene y la dignidad de las personas. Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con condiciones de discapacidad y de salud crónica enfrentan riesgos especialmente elevados.
La falta de agua está golpeando la salud de la población. Muchas personas dependen de fuentes alternativas de calidad incierta o de la compra de agua transportada por camiones cisterna. La imposibilidad de mantener condiciones adecuadas de higiene incrementa la exposición a enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y otros problemas de salud.
Los establecimientos de salud deben operar bajo condiciones cada vez más complejas para garantizar la atención de los pacientes.
La crisis también está erosionando la economía familiar. La compra de agua, tanques de almacenamiento, recipientes y equipos para enfrentar la emergencia obliga a las familias a destinar recursos que deberían emplearse en alimentación, salud o educación. Para muchos hogares, cada día implica tomar decisiones imposibles entre satisfacer necesidades básicas igualmente urgentes.
Los efectos alcanzan también a pequeños negocios que han visto aumentar significativamente sus costos de funcionamiento debido a la necesidad de adquirir agua por medios alternativos.
La educación está en peligro. Las instituciones educativas enfrentan dificultades para mantener sus actividades con normalidad. Las instituciones educativas, tanto del sector público como privado están obligadas a operar bajo un esquema de contingencia extrema que obstaculiza el logro de aprendizajes en todos los niveles educativos.
La escasez de agua ha transformado la rutina de miles de familias. Obtener unos pocos litros para cocinar, asearse o limpiar el hogar requiere largas caminatas, horas de espera y un esfuerzo físico constante. Situación que golpea de manera particular a adultos mayores que frecuentemente deben participar en este esfuerzo.
Las mujeres soportan una carga particularmente pesada. En muchos hogares son ellas quienes asumen la responsabilidad de conseguir, transportar, almacenar y administrar el agua disponible. Esta tarea consume tiempo y energía que podrían destinarse al trabajo, al estudio o al cuidado personal, profundizando desigualdades ya existentes. Asimismo, las dificultades para garantizar condiciones mínimas de higiene afectan de manera especial a adolescentes y mujeres durante sus ciclos menstruales.
La situación se agrava por la combinación de la crisis hídrica con los problemas de suministro eléctrico. Los apagones frecuentes afectan los sistemas de bombeo y distribución, dificultan el almacenamiento del agua y limitan aún más la capacidad de respuesta de las comunidades. Esta combinación de fallas genera un círculo de vulnerabilidad que impacta prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.
Más allá de las cifras y los problemas de infraestructura, la realidad que emerge del trabajo de documentación realizada por INCIDE que además de los daños observados, en la zona se percibe una población sometida a un desgaste físico y emocional permanente y un profundo agotamiento social.
La crisis hídrica que vive el estado Sucre no puede seguir siendo considerada un problema local. Se trata de una situación que compromete derechos humanos fundamentales, entre ellos el acceso al agua potable, la salud, la alimentación, la educación y una vida digna.
Frente a esta situación y la inoperancia del sector público se ha desplegado una importante acción humanitaria por parte de diferentes organismos de asistencia humanitaria internacionales y nacionales, que a pesar de su importancia no puede cubrir todas las necesidades.
Por ello, resulta urgente que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas y efectivas para garantizar soluciones sostenibles que restablezcan el acceso al agua potable para toda la población. La magnitud de la emergencia exige transparencia, planificación, inversión y una respuesta coordinada que coloque en el centro la protección de la dignidad humana, especialmente de los grupos más vulnerables.
Al mismo tiempo, la sociedad venezolana está llamada a visibilizar esta realidad, solidarizarse con quienes la padecen y exigir respuestas concretas frente a una crisis que afecta la vida cotidiana de miles de personas.
El sufrimiento de las comunidades de Sucre no puede permanecer invisible.
Garantizar el acceso al agua es una obligación del Estado y una condición indispensable para proteger la vida, la salud y la dignidad de la población.
