El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, un texto desconocido para el país, presentado a legisladores y legisladoras al momento, sin ninguna discusión de contenido e irrespetando el procedimiento establecido para la formación de leyes en nuestra constitución y reglamento de la Asamblea Nacional. El Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, es una para el control del espacio cívico y asociativo en Venezuela, una LEY ANTISOCIEDAD.
El mismo, ha sido rechazado por organizaciones nacionales e internacionales y personas expertas ya que viola la Constitución Nacional y tratados internacionales suscritos por el estado venezolano ya que suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, permitiendo la cooptación del tejido social y la toma de represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana.
Esta campaña Ley AntiSociedad para uso de la sociedad civil en su conjunto busca dar a conocer, alertar y difundir las razones de riesgo, los retrocesos graves que implicaría su aprobación y que permitan argumentar con estándares del derecho a la asociación y las libertades democráticas la improcedencia del contenido del proyecto de Ley.
Este Proyecto establece el Control discrecional y absoluto del Estado sobre quienes deseen organizarse, asociarse o constituirse de manera formal o informal para el ejercicio de la acción pública. Una ley que recae sobre todas las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, nacionales o extrajeras que desarrollen actividades no financieras incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos, incluyendo aquellas vinculadas a organizaciones con normativas legales especiales.
Resulta urgente alertar a ciudadanos y ciudadanas dentro y fuera del país, a la comunidad internacional, gremios, sociedades democráticas el grave riesgo que corre el espacio asociativo venezolano, cuya aprobación generaría un control hegemónico de la acción asociativa, con consecuencias gravísimas para la población venezolana, sobre todo los más vulnerables, los que necesitan de la acción colectiva de solidaridad. La aprobación de este proyecto de ley generaría la fractura del entorno asociativo y con ello un espacio más amplio para las vulneraciones en derechos humanos y el incrementó de la migración forzosa.
Esta Ley limita el derecho a la asociación de toda forma asociativa libre e independiente con un altísimo riesgo para la libertad de expresión e información, contraloría social, manifestación pacífica, participación social, a expresar la disidencia o desacuerdo; expresar opiniones la acción por reivindicaciones de derechos humanos.
Tal como lo expresó la Misión internacional independiente de determinación de los hechos “de ser sancionada, la ley puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
Existen leyes similares en otros países, como afirman voceros y voceras estatales, siendo muy parecida a la aprobada en Ecuador y la que se aplica hoy en Nicaragua, que ha permitido ilegalizar a más de 3.223 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.
Anexo el comunicado firmado por más de 400 organizaciones venezolanas y extranjeras y 38 personas a título individual
