La Asamblea General de la ONU dio un paso histórico al respaldar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que reconoce que los Estados tienen obligaciones legales frente al cambio climático. En un mundo que sufre impactos climáticos cada vez más severos, la decisión fortalece la justicia climática y abre nuevas posibilidades para exigir responsabilidad por los daños ambientales y humanos derivados de esta crisis. Los venezolanos debemos ser parte de este avance.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este 20 de mayo de 2026 una resolución histórica que respalda la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático.
Con 141 votos a favor, ocho en contra y 28 abstenciones, la comunidad internacional reafirmó que enfrentar la crisis climática no es solo una decisión política: es una obligación jurídica vinculada a los derechos humanos, la protección ambiental y la supervivencia de millones de personas.
¿Cuál es el origen de esta decisión?
La resolución representa la culminación de un proceso impulsado originalmente por jóvenes activistas del Pacífico agrupados en la organización Pacific Islands Students Fighting Climate Change, quienes promovieron durante años una acción internacional para que el máximo tribunal del mundo aclarara las responsabilidades legales de los Estados ante la emergencia climática.
En julio de 2025, la CIJ concluyó de forma unánime que los Estados tienen obligaciones legales de prevenir daños climáticos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los derechos humanos y cooperar internacionalmente para evitar impactos irreversibles. También afirmó que los países afectados por el cambio climático pueden reclamar reparación y compensación por pérdidas y daños.
Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, tienen un peso político y jurídico importante. Fortalecen la base para litigios climáticos, aumentan la presión sobre gobiernos y empresas responsables de altas emisiones y abren nuevos caminos para exigir responsabilidades internacionales. Asimismo, establece la obligación a la ONU para hacer seguimiento y promover el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas decisiones.
¿Y qué tiene que ver Venezuela con esta decisión?
Para Venezuela, esta resolución tiene una enorme importancia:
El país enfrenta crecientes impactos climáticos: inundaciones, sequías, deterioro de ecosistemas, aumento de la temperatura, todo ello con efectos directos muy graves sobre toda la población, pero principalmente sobre personas empobrecidas, indígenas y mujeres, entre otros.
A la vez, el gobierno, aún a pesar de su posición pública de “líder en acción ambiental”, no cumple con sus obligaciones en materia de acción climática y en particular de proteger a la población de los efectos de este fenómeno global.
Venezuela no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ni una Estrategia de Largo Plazo (LTS) Tampoco cuenta con un marco de protección de los derechos de los grupos vulnerables ante el cambio climático. Tampoco tiene avances significativos en el cumplimiento del Objetivo 13 (Acción por el Clima) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Estos temas son aún más importantes en el contexto de la actual situación política, económica y de crisis humanitaria que vive el país.
En las actuales circunstancias, ignorar el cambio climático puede ser desastroso. No sólo puede obstaculizar cualquier transición o mejora de la situación del país, sino puede empeorar aún más la situación que sufre la situación.
La decisión de la Asamblea General de la ONU plantea desafíos urgentes para Venezuela:
El país necesita:
- Mejorar sus capacidades para la prevención y respuesta frente a los efectos negativos del cambio climático sobre la población;
- Desarrollar políticas de adaptación climática;
- Fortalecer la transparencia ambiental y garantizar acceso público a la información ambiental.
- Establecer una política clara para una transición energética justa;
- Determinar un marco de derechos humanos en temas ambientales y climáticos dirigido a proteger a las personas más vulnerables y reconocer y reparar los daños y pérdidas sufridas por la población e
- Implantar programas de educación y participación reales y efectivos que promuevan la acción ciudadana en temas climáticos.
La sociedad civil venezolana no puede permanecer al margen. Este es el momento de establecer un compromiso genuino con la justicia climática, los derechos humanos y la protección de las generaciones futuras.
