- El país enfrenta una creciente vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, mientras persisten la falta de políticas eficaces para proteger a la población. La COP31 representa una oportunidad para reactivar el debate nacional y exigir cambios urgentes. Venezuela no puede seguir postergando la protección de los derechos de su población frente a los efectos del cambio climático.
¿Qué es una COP?
Cuando se habla de una COP sobre cambio climático, se hace referencia a la reunión anual más importante de la ONU sobre este tema. Convoca a casi 200 países para evaluar los compromisos climáticos previamente acordados y coordinar políticas globales en este tema.
Este año, la COP31 iniciará sus deliberaciones el próximo 9 de noviembre en Antalya, Turquía.
Esta edición se realizará en un contexto de profunda incertidumbre internacional, marcado por conflictos geopolíticos, tensiones económicas y crisis sociales que amenazan la paz y la estabilidad mundial.
Al mismo tiempo, los impactos del cambio climático se intensifican y provocan daños cada vez más graves, mientras los esfuerzos internacionales para enfrentarlos siguen siendo claramente insuficientes. A esto se suma la resistencia de varios gobiernos a cumplir o fortalecer los compromisos y las regulaciones acordados.
¿Y estos temas por qué le pueden importar a Venezuela y a los venezolanos?
Para una parte importante de la población venezolana, el cambio climático puede parecer un asunto muy poco importante frente a problemas urgentes como las graves deficiencias de los servicios públicos, la inflación y la incertidumbre política.
Sin embargo, el cambio climático está agravando muchas de estas dificultades. Las tormentas, sequías e inundaciones amenazan recurrentemente la seguridad de las comunidades, el acceso al agua, la producción de alimentos y el funcionamiento del sistema hidroeléctrico. También contribuyen a la degradación de los ecosistemas de los que depende el bienestar de la población.
Esta situación es consecuencia de que Venezuela es un país altamente vulnerable a sus efectos. Esta vulnerabilidad responde tanto a sus condiciones geográficas y ambientales como a la prolongada crisis humanitaria y la falta de políticas eficaces de prevención y adaptación [1][2]
La falta de acción climática del Estado se refleja, entre otros aspectos, en la ausencia de un Plan Nacional de Adaptación [3][4], instrumento de planificación previsto en la legislación venezolana desde 2009 [5]. El país tampoco cuenta con políticas para proteger a grupos especialmente expuestos a estos impactos, como niños, niñas y adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. [7][8][9]
A estas deficiencias se suman graves limitaciones por parte del Estado para disponer de información climática y social de calidad, desarrollar procesos de planificación y acceder a financiamiento [10]. Todos ellos requisitos necesarios para desarrollar medidas de respuesta eficaces.
Otro factor que obstaculiza el desarrollo de políticas climáticas eficaces en Venezuela es la contradicción entre el discurso ambiental del gobierno y sus propias políticas extractivistas, que profundizan la degradación ambiental y dificultan la adopción de soluciones frente al cambio climático. [11] [12]
Toda esta situación no es un simple problema técnico o administrativo. La falta de políticas climáticas efectivas deja a la población aún más expuesta a los efectos del cambio climático y representa una violación a sus derechos humanos. [13] [14]
¿Es la COP una luz en la oscuridad?
Las conferencias climáticas no están concebidas para resolver directamente las deficiencias de las políticas nacionales de cada país. Sin embargo, sus debates, acuerdos y mecanismos de cooperación pueden ofrecer referencias y herramientas para impulsar los cambios que Venezuela necesita.
Esto es particularmente importante en materia de adaptación, protección de las poblaciones más vulnerables, acceso a información, fortalecimiento institucional y financiamiento climático.
Pero para aprovechar estas oportunidades es indispensable que exista información pública, participación y capacidad de incidencia. La sociedad civil venezolana debe poder conocer los temas que se discuten, seguir las posiciones de los países y examinar las propuestas de las organizaciones e instituciones que trabajan para influir en las decisiones internacionales.
Este seguimiento también permitiría romper el aislamiento informativo que ha mantenido al país al margen de debates fundamentales para su futuro y fortalecer las capacidades de las organizaciones venezolanas para exigir políticas públicas adecuadas.
La COP31 no resolverá por sí sola la crisis climática venezolana. Pero puede contribuir a colocar estos problemas en el centro de la discusión nacional y a impulsar una agenda de cambios que no puede seguir postergándose.
Venezuela necesita asumir con urgencia los desafíos del cambio climático. Esto exige reconocer los riesgos, producir y divulgar información confiable, desarrollar políticas de adaptación, fortalecer las instituciones y garantizar la participación de las comunidades, especialmente de aquellas que enfrentan mayores amenazas.
En las próximas entregas analizaremos algunos de los temas de la agenda de la COP31 que tienen especial relevancia para el país. El propósito es contribuir a que este debate internacional se convierta también en una oportunidad para impulsar soluciones nacionales, con participación ciudadana y respeto a los derechos de todas las personas.
Referencias
[1] Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (2025). Segundo Reporte Académico de Cambio Climático (DRACC) 2025. Borrador final. Acceder.
[2] Clima21 (2023). Derechos humanos y gestión de desastres en Venezuela: Una historia de silencios, olvidos y omisiones. Acceder.
[3] FAO (2024). National Adaptation Plan (NAP) in the agriculture, fisheries and water resources sectors. Propuesta de preparación aprobada por el Fondo Verde para el Clima. Acceder.
[4] Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024). ND-GAIN Country Index. University of Notre Dame. Acceder.
[5] República Bolivariana de Venezuela (2009). Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Gaceta Oficial N.º 39.095, 9 de enero de 2009.
[7] Clima21 (2025). Situando a los niños en el centro de la acción climática en Venezuela. Acceder.
[8] Mulher / Clima21 (2023). Informe sobre la situación de las mujeres y el ambiente en la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la revisión del Noveno Informe Periódico del Estado Venezolano CEDAW/C/VEN/9. Acceder.
[9] Clima21 (2026). El cambio climático desde la perspectiva de los pueblos del Bajo Caura, estado Bolívar, Venezuela. Acceder.
[10] FAO (2024) Citado previamente.
[11] Berg, R. C. (2021). The role of the oil sector in Venezuela’s environmental degradation and economic rebuilding. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Acceder.
[12] López-González, A. (2026) Delcy Rodríguez y el retorno al orden petrolero: el chavismo nunca abandonó el extractivismo. Acceder.
[13] ICJ (2025) Obligations of states in respect of climate change. Acceder.
[14] CIDH (2025) Opinión Consultiva AO 32/25 sobre Emergencia climática y derechos humanos. Acceder,
