PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
El pronunciamiento público advierte que el Proyecto de Ley Orgánica de Minas en Venezuela representa una grave amenaza ambiental, social y de derechos humanos, al legitimar y profundizar el actual modelo extractivo en la Amazonía y el Escudo Guayanés. Las organizaciones firmantes sostienen que la propuesta no constituye un instrumento de regulación efectiva, sino que otorga un marco de legalidad a prácticas ya caracterizadas por opacidad, discrecionalidad y violaciones sistemáticas del orden constitucional y ambiental.
El documento cuestiona conceptos como el de “desarrollo minero ecológico”, señalándolo como científicamente insostenible, y denuncia que el proyecto concentra amplias facultades en el Ejecutivo, limitando la transparencia, el control ciudadano y la participación de las comunidades afectadas. Asimismo, identifica vacíos críticos en materia ambiental: no exige de forma obligatoria estudios de impacto ambiental, carece de un enfoque preventivo, omite garantías de restauración, regulación de residuos, cierre de minas y mecanismos independientes de monitoreo y acceso a la información.
También se advierte sobre la posible afectación de áreas protegidas no contempladas expresamente y la vulneración de derechos de pueblos indígenas, al no incorporar estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado ni garantizar la demarcación de sus territorios. El pronunciamiento rechaza además la militarización de las zonas mineras y cuestiona el carácter de ley orgánica del proyecto.
Finalmente, las organizaciones solicitan suspender la discusión legislativa e incorporar estándares robustos de transparencia, control ambiental, protección de derechos humanos y reparación de daños, subrayando que cualquier reforma debe basarse en el respeto a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento institucional democrático.
Lee y comparte el pronunciamiento completo y conoce por qué este marco legal profundiza la crisis en la Amazonía venezolana.
