Eduardo Trujillo Ariza
Tomado de Agenda Estado de Derecho. Para ver la fuente original marcar aquí
En el 2022, se reportaron 86 derrames de petróleo en Venezuela ¿Qué retos y oportunidades tiene el Estado suramericano en materia de protección del ambiente?
El concepto de interdependencia de los derechos humanos es quizás una de las mejores herramientas que da la técnica jurídica para explicar problemas sociales complejos. Al hablar de derechos humanos en Venezuela, se debe hablar necesariamente de una crisis compleja, puesto que el efecto expansivo que tiene dicha crisis en derechos fundamentales deriva de múltiples causas que confluyen en diversos factores políticos, económicos y socioculturales.
La pérdida de institucionalidad en el país ha generado graves violaciones a derechos humanos que han sido ampliamente descritas por organismos internacionales de protección, Cortes, organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otras. Sin embargo, hay derivaciones de esa pérdida de institucionalidad, que no han tenido la resonancia o impacto deseado en el área de las garantías de no repetición. Es el caso de los derechos ambientales y de cómo las afectaciones del derecho a un ambiente sano tienen consecuencias presentes y futuras en personas y en su acceso a otros derechos humanos, de conformidad al principio de interdependencia de los derechos fundamentales.
¿El problema está en la regulación?
Venezuela consagra en los artículos 128 y 129 de su Constitución un desarrollo adecuado sobre los derechos ambientales. Adicionalmente, firmó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene obligaciones internacionales de carácter regional en esta materia y de conformidad con el bloque constitucionalidad al que da cabida el derecho venezolano, incorpora en sus disposiciones constitucionales, las normas internacionales que protegen el ambiente en dichos tratados relativos a los derechos humanos.
En Venezuela la regulación ambiental es prolija. De hecho, existen más de setenta cuerpos normativos de distinta jerarquía, que pasan por los tratados internacionales, tocan la Constitución, disposiciones legislativas y normas de rango sublegal, en las que se procura la protección del derecho que tienen todas las personas que habitan en Venezuela, de tener un ambiente sano y en consecuencia de conservar su flora y su fauna.
Visto lo anterior, pareciera que el cumplimiento de estándares ambientales no es un problema de la falta de regulación, si no, por el contrario, de la falta de aplicación de esa regulación con verdadera vocación de protección de los seres humanos. Cobra acá especial relevancia nuevamente la interdependencia un valor esencial en este análisis, ya que una consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones de respeto y garantía de derechos ambientales tiene un efecto negativo de cascada en otros derechos humanos como lo son la vida, la salud, la integridad personal, la protección de territorios ancestrales, debido proceso, libertad de expresión, alimentación, agua, entre otros.
Venezuela debe voltear la mirada hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental. Son varias las aristas en la materia que pueden ser desarrolladas en el ámbito territorial venezolano y algunas de ellas son: la tala indiscriminada, el efecto de la minería, la pesca de arrastre, la contaminación de causes fluviales y marinos, la ocupación de territorios indígenas, por solo citar cinco de ellas.
Derrames petroleros: un “accidente” repetitivo
En el marco de las situaciones descritas hay un tema recurrente y es el de los derrames petroleros en costas venezolanas, o en oleoductos que atraviesan el territorio continental del país. De acuerdo con el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, solo en 2022, se reportaron 86 derrames petroleros en el territorio nacional. El transporte de combustibles y sustancias peligrosas está altamente reglado en Venezuela, por tanto, la cifra mencionada hace pensar que el reciente y conocido derrame petrolero ocurrido durante diciembre de 2022 en las costas del estado Anzoátegui, no es un hecho aislado y, es, por el contrario, un episodio más de un patrón que se repite con mucha frecuencia.
Los estados de Zulia, Falcón y Carabobo, acompañan al estado Anzoátegui como los lugares en los que recientemente se han reportado pérdidas de crudo que han generado contaminación y daños ambientales. La contaminación y el daño ambiental a simple vista pueden no ser tan alarmantes, pero la afectación que producen en vidas humanas en plazo inmediato y a largo plazo, sin duda que sí lo son.
Desde el punto de vista jurídico, existe en Venezuela legislación especializada y técnica en materia de hidrocarburos respecto al tema de derrames. Ejemplo de ello son: las leyes aprobatorias de la Convención Internacional para impedir la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos y su enmienda, aprobadas según gacetas oficiales venezolanas Nos. 884 y 2.314, respectivamente; o las leyes aprobatorias del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y el protocolo que lo enmienda, aprobadas según gacetas oficiales venezolanas 4.802 y 36.457.
El que ocurran derrames con la periodicidad citada es causa de preocupación, ya que no hay dimensiones claras sobre los impactos ambientales y los potenciales daños a personas que pueden ocasionar. Por ejemplo, el derrame ocurrido en diciembre de 2022 en el estado Anzoátegui ha tenido efectos en la actividad turística y pesquera.
Parte del inconveniente, resulta ser la opacidad con la que las autoridades locales, regionales y nacionales atienden e informan sobre este tipo de eventos. Los accidentes pueden ocurrir, pero es una obligación estatal prevenirlos y en caso de que ocurran, atenderlos, corregir la situación hasta llevarla, si es posible, al estado anterior a la ocurrencia del evento, e igualmente, mantener informada a la población sobre la situación para evitar mayores daños colaterales sobre seres humanos y vivos en general
Respecto al acceso a la información, Venezuela tiene pendiente su incorporación al Acuerdo de Escazú, el cual, entre otras cosas, tiene como uno de sus objetivos fundamentales la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental. Es en casos como el de los recurrentes derrames petroleros en Venezuela, en donde cobra vital valor la aplicación en pleno del Acuerdo de Escazú, pero en particular, en su vertiente del acceso a la información.
Hay que voltear la mirada hacia el medioambiente. La crisis del cambio climático pone en peligro la vida humana tal como la conocemos en el tiempo presente, por tanto, el cuidado del ambiente es una herramienta vital para garantizar la subsistencia de la especie humana a largo plazo.
Esta es una lucha por los que viven hoy, pero realmente se trata del uso de la ciencia del derecho con efecto transformador, para garantizar la vida del ser humano en el planeta, es decir, para las generaciones futuras de personas que habitarán en la tierra. Hay que fijar la mirada hacia el medioambiente, ya que la interdependencia de los derechos humanos muestra como la afectación de este derecho, genera también un negativo efecto cascada sobre otros derechos fundamentales.
Algunas formas de abordar este asunto son: a) ratificar el protocolo de Escazú; b) priorizar la ejecución de políticas públicas de preservación del ambiente; c) informar adecuadamente a la población sobre la ocurrencia de hechos que puedan menoscabar derechos ambientales y d) realizar consultas informadas sobre proyectos que puedan afectar territorios ancestrales indígenas –entre otras–.
