Por: Liliana Rivas @Lirivass y Melianny Pérez @melianny_pr
En el marco de las próximas #EleccionesPresidenciales en #Venezuela resulta crucial situar la crisis ambiental y climática también en el debate. Hoy el país no tiene políticas claras que hagan frente a estas amenazas, ¿dónde están en la agenda del futuro presidente?
De acuerdo con @mapbiomas Venezuela, se han perdido más de 7 millones de hectáreas de cobertura natural. Entre los retos que enfrenta el país está la deforestación, especies invasoras, el Arco Minero y la falta de protección para defensores ambientales.
14 años de retraso: Venezuela debe actualizar el inventario sobre emisiones de gases de efecto invernadero en la COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). El último informe que publicó data del 2017 y tiene información del 2010 (Runrunes).
Los avances del «Segundo Reporte Académico del Cambio Climático», hecho por la @acfimanve, señalan que el PIB de Venezuela disminuirá el 10% para el año 2030 por la pérdida de cultivos y la reducción del mercado global para el petróleo y el gas.
El proyecto de Ley Orgánica contra el Cambio Climático fue presentado por la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y expuesto a la consulta pública desde marzo de 2022. Su aprobación continúa estancada.
En un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, el 96,98 % de 1000 venezolanos —es decir, 9 de cada 10 encuestados— solicitó un mayor impulso de acciones climáticas por parte del gobierno nacional. ¿La agenda climática también va a las urnas?
Los lineamientos estratégicos del presidente actual se desprenden de la ruta que trazó Chávez. Este plan se conoce ahora como «Las 7T». La número seis apunta a «enfrentar la emergencia climática mundial y salvaguardar la Amazonía venezolana».
La mayoría de los objetivos se centran en la identidad «soberana», lineamientos políticos y estratégicos y en la defensa de las comunidades originarias. También existen algunos específicos para el desarrollo científico-ambiental y climático del país.
Las políticas de incentivo a la explotación del Arco Minero, la ausencia y falta de financiamiento a la investigación científica en torno a los problemas ambientales y el incremento de emergencias ambientales contrastan con las métricas de esta gestión.
En la COP28 el Gobierno venezolano se comprometió a «ampliar la participación significativa de niños, niñas y jóvenes» en los eventos pedagógicos climáticos y ambientales a nivel global. Esto supone que las organizaciones deberían recibir un mayor apoyo.
González Urrutia se apoya en las ideas del Plan País, cruzadas con las del programa que María C. Machado presentó en 2023 «Venezuela, tierra de gracia» y en colaboración con especialistas. Allí se lee sobre el aprovechamiento del gas y energías limpias.
En este programa prioriza el desarrollo de una «economía verde» resiliente, la protección ambiental y la transición del modelo energético en diferentes etapas, entre los aportes destaca un sistema de mitigación de los efectos del clima sobre los ambientes sensibles.
«Estamos apuntando a rescatar la posición de Venezuela como un suplidor confiable y seguro de hidrocarburos, de petróleo. Ese es uno de los objetivos fundamentales y dentro de ese marco la cuestión ambiental juega un papel relevante», dice Edmundo.
Una de las últimas declaraciones del candidato de la oposición denuncia al crimen organizado y al impacto del Arco Minero. Además, también se ha reunido con el defensor de DDHH, Liborio Gaurulla (inhabilitado por 15 años en 2017 por el gobierno).
La agenda climática latinoamericana no figura en las prioridades de nuestra política nacional: desde hace años el ojo ha estado puesto en las desigualdades, migraciones o violencia. Pero, ¿el cambio climático no es el tema más urgente de todos los tiempos?
Hay que incidir en los candidatos para la construcción de un país sostenible que proteja nuestras ciudades y territorios de los impactos de la crisis climática. ¿A dónde irá la inversión en energía?, ¿qué sucede con las instituciones científicas?, ¿quién fiscaliza estos procesos?
