El día de ayer 9 de enero, los gobiernos de Colombia y Chile solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclarar el alcance de obligaciones estatales para la protección de su población en materia de la emergencia climática.
Esta iniciativa tiene muy importantes lecturas y consecuencias:
En primer lugar, es un importante reconocimiento de esos países de la crisis climática como una crisis de derechos humanos y por ello de la obligación de los Estados de proteger a la población de sus efectos.
Asimismo, es un hito para la región que esos gobiernos soliciten a la CIDH que establezca una orientación jurídica que establecerá orientaciones importantes, no sólo para esos gobiernos sino para todos sus países.
En tal sentido, una pregunta que los venezolanos deberemos hacer es ¿cómo nos afectará la futura opinión de la CIDH?
Sabemos que para el gobierno de Venezuela el cambio climático sólo ha sido una excusa para la inacción en temas de la gestión de riesgos de desastres y un elemento de confrontación política.
Por el resto no ha habido nada o casi nada. Vale la pena recordar que Venezuela es el único país suramericano que no tiene un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático.
Eso a pesar de que el propio gobierno ha repetido constantemente que el cambio climático fue la causa de los desastres socionaturales que sufrió la población el año pasado. Es decir, que por inacción el gobierno está violando los derechos humanos de todos los venezolanos.
Por ello, la pregunta real es ¿qué vamos a hacer los ciudadanos que no formamos parte del gobierno?
Y la respuesta siempre será informarnos, formarnos, organizarnos y participar activamente en la acción climática desde la ciudadanía.
Por nuestro país y nuestra gente.
