Más de 100 organizaciones y activistas de derechos humanos del mundo exigen que Colombia, Perú y Venezuela ratificar el Acuerdo de Escazú para mitigar la violencia contra defensores ambientales, garantizar el derecho a información del medioambiente y recursos naturales, incluir a las poblaciones y comunidades indígenas en las decisiones ambientales, y garantizar la justicia ambiental en las regiones
Con gran preocupación, el Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA registra el aumento de violencias en contra de personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Especialmente, en contra de líderes y lideresas que defienden el medioambiente y el territorio en el marco de una crisis climática que afecta la vida en la región.
Para el ODEVIDA es de la más alta urgencia que los gobiernos de la región se obliguen a cumplir lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú como un primer paso para mitigar la violencia. En el caso de Colombia y Perú es importante que los Estados avancen en la ratificación del tratado, previamente firmado por estos y en el que ambos tuvieron calidad de negociadores. En el caso venezolano, es urgente que el gobierno se adhiera al Acuerdo, lo cual genera los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Es tiempo de que los países del sur reconozcan que este tratado es imperativo para garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.
El Acuerdo de Escazú contempla el compromiso con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, tres pilares fundamentales para consolidar la discusión sobre asuntos ambientales que debemos tener en este momento histórico al que asistimos como humanidad. No podemos posponer lo inaplazable. Esta es la oportunidad para que América Latina y el Caribe lideren la discusión. Cabe decir que este instrumento es el primero sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Con respecto al acceso a la información ambiental, los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho del público a informarse sobre cualquier materia relativa al medioambiente y a los recursos naturales, incluyendo los riesgos e impactos adversos que pueden afectar el medio ambiente y la salud. Nunca había sido tan necesaria la generación, divulgación y accesibilidad a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad como ahora.
En segundo lugar, los gobiernos tienen el deber de garantizar la participación abierta, incluyente y efectiva de poblaciones y comunidades en la toma de decisiones ambientales sobre la base de una información clara, precisa y verídica.
En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y a cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entre estas garantías prima el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. Los y las defensoras del Sur Global constituyen la primera línea de defensa frente a la depredación ambiental impulsada por la economía extractivista.
Las siguientes organizaciones sociales, políticas, civiles y comunitarias, organizaciones no gubernamentales y plataformas por los derechos civiles y políticos firman este comunicado instando al gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez; al gobierno peruano en cabeza de Pedro Castillo Terrones; y al gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros a ratificar o adherirse al Acuerdo de Escazú como camino para liderar desde América Latina y el Caribe la transformación que necesitamos como humanidad para superar la crisis climática y construir un porvenir ecológico.
Suscriben
Abajo el documento con las firmas:
