Tomado de Runrunes. Para ir a la fuente original marcar aquí
Los verdaderos lineamientos que definen la propuesta de defensa de la Amazonía, promovida por Nicolás Maduro y Gustavo Petro en la COP27, se conocerán a lo largo de un año en el que también se espera que Venezuela se comprometa a expulsar a los grupos armados que operan en el sur del país, sobre todo donde está el Arco Minero del Orinoco.
La mitigación de los riesgos a través de la reactivación de estaciones hidrometeorológicas en todo el territorio, será clave para salvar vidas en caso de que se repitan las lluvias torrenciales que sacudieron al país en 2022
Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.
Lorena Meléndez
Para Venezuela, 2023 comienza con promesas gubernamentales inéditas. La presencia del presidente Nicolás Maduro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), en Egipto, le permitió mostrar una postura nunca antes vista: la de férreo defensor de una Amazonía que él, a través del decreto del Arco Minero del Orinoco en 2016, transgredió al poner el extractivismo por encima del ambiente. La propuesta es examinada por científicos y activistas que, a la expectativa de detalles que den luces sobre hacia dónde apunta la estrategia del gobierno, afirmaron que cualquier plan debe incluir acciones que el mandatario y su equipo probablemente no estén dispuestos a cumplir.
En la cumbre COP27, Maduro fue uno de los líderes que aupó el acuerdo para el financiamiento de pérdidas y daños climáticos, porque en breve su gabinete presentará solicitudes de recursos económicos para proyectos ante el Fondo Verde del Clima, un mecanismo financiero creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a países en desarrollo en su adaptación y mitigación del cambio climático. Expertos opinan que, para alcanzar esos recursos, Venezuela debería comprometerse con el desarrollo de una economía más verde y aminorar los riesgos a los que millones de venezolanos se exponen ante las lluvias torrenciales que solo en 2022 dejaron al menos un centenar de muertos.
A estos desafíos para el nuevo año, se suman la insistencia en la defensa de las áreas protegidas, donde las construcciones ilegales no cesan, y de los pueblos indígenas acorralados por el extractivismo.
Los retos de 2023 se deben cumplir en un país carente de cifras y datos oficiales en materia ambiental.
En el Arco Minero del Orinoco se desconoce oficialmente cuántos venezolanos se dedican al extractivismo ilegal. Además, no hay un organismo oficial que lleve la cuenta de la cantidad de derrames petroleros que anualmente afectan al país. Asimismo, se desconocen los detalles de los informes de impacto ambiental que se presentan ante el Ministerio de Ecosocialismo cada vez que se planifica hacer una nueva construcción dentro de un parque nacional. Las pocas estaciones meteorológicas operativas no recolectan los datos suficientes para predecir las lluvias y prevenir desastres. Ante esta ausencia de información, planificar soluciones acorde con la realidad es más complejo.
Para hablar de los desafíos ambientales que Venezuela tiene en el 2023, Mongabay Latam conversó con activistas, ambientalistas y científicos. Ellos están convencidos en su tarea de documentar y denunciar lo que pasa en el país.
1. Compromisos que deberían asumirse en la Amazonía venezolana
Nicolás Maduro volvió a una COP tras ocho años de ausencia, un período en el que se mantuvo cercado y alejado de las cumbres internacionales en medio de los cuestionamientos a su gobierno por la violación de los derechos humanos; las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá y hasta una recompensa de 15 millones de dólares americanos por su captura. Esta vez, su discurso estuvo enfocado en culpar a las “elites negacionistas” por ignorar el cambio climático y endilgarles los avances del mismo a lo largo de 30 años. Citó también cómo el exmandatario venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro advirtieron sobre la degradación del planeta, al tiempo que abogó por la aprobación de la creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos. Este es un mecanismo financiero para que los países en desarrollo puedan acceder a recursos económicos como compensación por afectaciones relacionadas con el fenómeno global.
Dicho interés va de la mano con los proyectos que su gobierno presentará ante el Fondo Verde del Clima, creado en 2016 con el Acuerdo de París con el objetivo de financiar las iniciativas contra el cambio climático en los países en desarrollo. Estos proyectos serán supervisados por una comisión presidencial que Maduro creó a finales de noviembre de 2022.
Antes de poder beneficiarse con algún fondo climático, los expertos señalan que Maduro debería asumir compromisos que avalen que el país se decanta hacia lo sustentable y eviten que la cuota de emisiones de metano –que, junto al dióxido de carbono, es el principal gas de efecto invernadero– se eleve (la estimación del Banco Mundial la ubicó en 119.240 para 2019, pero la reciente reactivación de la industria debe haberlas aumentado). Pese a que el Acuerdo Global de Metano, anunció en 2021 en el marco de la COP26 en Glasgow, Escocia, la promesa de reducción de 30% de estas emisiones para 2030 con la rúbrica de más de un centenar de países, el Estado venezolano no lo ha suscrito. Para el sociólogo y miembro del Observatorio de Ecología Política, Emiliano Terán Mantovani, Venezuela “pudiera, debiera y le convendría” dar un viraje en este sentido y apostar por una diversificación de la economía.
“Nosotros podemos enrumbar una recuperación económica que no dirija, otra vez, las inversiones únicamente hacia intereses extractivos petroleros y mineros”, afirmó. Apuntó que desde el gobierno se debe reevaluar el potencial agrícola y turístico del país.
La falta de información sobre las afectaciones de las actividades extractivistas parecen demostrar el desinterés del gobierno de Maduro en la protección del medio ambiente. La organización venezolana sin fines de lucro Clima21 publicó una investigación que documentó la ocurrencia de 199 derrames de crudo de 2016 a 2021, un tiempo en el que apenas se tuvo información oficial sobre cada evento. En el informe se señala “una creciente desinformación” sobre el tema y la sospecha de que “la frecuencia de estos accidentes parece seguir incrementando en los últimos años (…) Esta situación indica que el Estado venezolano está desconociendo sus obligaciones derivadas del marco internacional de los derechos humanos, así como de las leyes nacionales y los acuerdos y compromisos internacionales en materia de gestión y conservación ambiental”, apuntó el documento.
En la COP27, Maduro también prometió encabezar, junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una iniciativa para salvar la Amazonía. Pero ninguno de los dos mandatarios reveló, o siquiera ha adelantado, las estrategias detalladas que implementarán para llevar a cabo esta idea. Expertos apuntaron que lo primero que debe cambiar, al menos en Venezuela, es la perspectiva desde donde se mira la pérdida de los bosques tropicales.
Para Alejandro Álvarez, biólogo, ambientalista y director de la organización venezolana sin fines de lucro Clima21, dedicada a la defensa de los derechos humanos ambientales, el primer trabajo que debe hacerse es que se comprenda a la deforestación de la Amazonía como un tema que trasciende lo nacional y llega a ser global. “Tenemos que dejar de pensar que es un problema del sur de Venezuela. Hay que hacer un esfuerzo, entre distintos grupos de personas, y comunicar el valor que esa selva tiene para la supervivencia (…) Su pérdida va a ser un lastre extraordinariamente grave para todos”, subrayó.
En agosto de 2022, el informe de Clima21 “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” reveló que Venezuela es el país que más se ha acelerado la pérdida de bosques naturales con respecto a cifras de años anteriores. La cifra de casi 49 mil hectáreas deforestadas anuales en los últimos cinco años no es alentadora. Las estadísticas de Global Forest Watch expusieron que, entre 2002 y 2021, Venezuela perdió 556 000 hectáreas de bosque primario húmedo, que equivale al 26% de la cobertura arbórea que perdió en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en términos de extensión de las áreas deforestadas, el promedio de Venezuela sigue siendo inferior al de otros países de la cuenca amazónica.
Álvarez enfatizó la necesidad de actualizar la política ambiental del país acorde con los tiempos que corren. “Aquí hay una especie de simulación de política ambiental y los factores políticos de oposición tampoco la tienen, sino que tienen unos planes tan desarrollistas como el propio gobierno, como si estuviésemos en los años 80, como si no hubiera pasado nada, como si el cambio climático no fuese la mayor amenaza sobre la Tierra”, sentenció.
Para la bióloga Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, cualquier convenio sobre la Amazonía venezolana debe incluir tres acciones contundentes: la primera, la eliminación de la minería en todos los parques nacionales. Segunda, la desmovilización de los grupos de crimen organizado y la guerrilla, que hoy controlan los territorios donde se explota el oro bajo la mirada de los militares y vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Y tercero, la inversión en sistemas de monitoreo y control sobre este basto territorio, que vayan de la mano con la optimización de los centros de investigación universitarios.
2. Alternativas a la minería
El avance de las empresas extractivas del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, al sur del país, promete más devastación y contaminación en los próximos años, pese a la continua denuncia de organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales y medios de comunicación sobre la situación. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro durante el último trimestre de 2022 fue militarizar la zona e incluso hacer incursiones en parques nacionales que están dentro de la Amazonía venezolana como Canaima, también en el estado Bolívar, y Yapacana, en Amazonas, en donde se anunció el decomiso de armas, arresto de mineros, y la destrucción de embarcaciones y equipos usados con fines extractivistas. No hay información pública que evalúe el éxito de dichas estrategias militares para contener la minería ilegal.
No se sabe exactamente el área de cobertura vegetal con la que ha arrasado la minería ilegal en el país, pero el informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” de Clima21, detalló que “de los cinco estados que concentran 57 % de la deforestación nacional, hay dos (Bolívar y Amazonas) severamente afectados por el extractivismo del oro”. Se trata de una industria en la que trabajan miles de venezolanos, bajo el control de grupos criminales armados y las guerrillas colombianas o disidencias de las FARC, que produce anualmente unas 35 toneladas de oro. De esto, apenas 30% van a las manos del Estado, de acuerdo con estimaciones de la organización internacional Transparencia Venezuela, dedicada a investigar la corrupción global.
Los verdaderos efectos de estas acciones se verán en el transcurso de 2023. Por eso, desde el activismo y los pueblos indígenas, las soluciones para contrarrestar la fiebre del oro, coltán y otros minerales, y salvar vidas, parten de los ciudadanos y no de un Estado que durante años ha ignorado su situación.
3. Protección a los pueblos indígenas
Para Eligio DaCosta, indígena baniva y coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la llegada de la minería legal al estado Amazonas –donde está decretada su prohibición desde 1989– está cada vez más cerca. Allí, Mongabay documentó cómo esta actividad minera en el parque Yapacana se conecta a la economía ilegal del departamento de Guainía en Colombia y el desastre ambiental que supone en medio de un absoluto abandono de las instituciones de ambos países.
“Nos están asomando al Arco Minero por allí y nosotros nos estamos preparando para resistir a esa situación, porque hacia allá va el ojo del Estado, porque este es un territorio estratégico”, sentenció quien en años anteriores denunció la apertura de una oficina gubernamental de minería y la existencia de una valla publicitaria que promocionaba una empresa de insumos mineros en la entidad. Los reclamos de las comunidades lograron que ambas iniciativas fueran frenadas. Pero la amenaza continúa, advirtió DaCosta.
El líder baniva llevó al Congreso de la Nueva Época Capítulo Indígena, organizado por el Ministerio de Pueblos Indígenas, la idea de acelerar las demarcaciones de territorio que están en deuda desde 1999, a través de la declaración de tierras colectivas en donde hacen vida distintas etnias.
“Tenemos dos territorios priorizados: el del pueblo ancestral Uwottüja de la cuenca del Sipapo y el Yabarana en el municipio Manapiare. Y de allí vamos con todos los pueblos (…) Eso nos ayudará a minimizar la minería porque los pueblos acordarán la protección de sus tierras y hará que prevalezca la paz. La destrucción del territorio también la hace nuestra misma gente”, aclaró DaCosta, convencido de que el documento permitiría la expulsión de los grupos armados que operan en la zona.
La otra línea en la que trabaja ORPIA es la economía indígena, que contempla el fomento de los trabajos ancestrales que no destruyen la naturaleza: desde la siembra de conucos –pequeñas parcelas de tierra dedicadas al cultivo– y el comercio de sus productos hasta la artesanía.
Para Alejandro Álvarez es necesario que estas iniciativas tengan apoyo de fondos internacionales. “Muchos grupos indígenas están yendo a la minería por el empobrecimiento y eso los empuja a lo único que tienen para poder conseguir dinero”, subrayó.
El biólogo y ambientalista destacó que su organización trabaja, junto con el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), en la elaboración de un mecanismo de protección a personas bajo amenaza en su propio territorio, sobre todo luego de la aparición de grupos armados vinculados con el tráfico de drogas en Amazonas, quienes serían los presuntos autores del asesinato del coordinador de los Guardianes Territoriales Uwottüja, Virgilio Trujillo, en junio de 2022.
4. Mitigar el riesgo
En el central estado Aragua ocurrió, en menos de un par de semanas, la tragedia de Las Tejerías –que dejó más de 60 muertos y 1.400 familias afectadas según la organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica, Cáritas Venezuela– y la inundación de Los Castaños, que mató a cuatro personas y destrozó medio centenar de viviendas. En los andes venezolanos, al occidente de la nación, los desbordamientos de ríos y quebradas azotaron pueblos de Mérida y Táchira, e hicieron lo mismo en zonas de centro occidente, como en los estados Lara y Falcón. Las lluvias también rompieron puentes en el Litoral. Todo dejó al descubierto la vulnerabilidad de la población ante los deslaves torrenciales que azotaron Venezuela durante 2022. La gestión del riesgo es una asignatura pendiente para 2023. Lo único que evitará más muertes y pérdidas será la prevención.
Un primer paso en este sentido lo dio el gobierno venezolano el pasado diciembre de 2022 cuando inauguró la Sala de Batalla Multidimensional “Hugo Chávez”, que tiene entre sus objetivos la generación de alertas tempranas en materia de gestión de riesgo. Pero la efectividad de esta instancia dependerá del funcionamiento de los instrumentos que ayuden a pronosticar los eventos extraordinarios y prevenir las catástrofes.
Para el ingeniero e investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, José Luis López, el fortalecimiento de la red de mediciones hidrometeorológicas es fundamental. El experto estima que, de acuerdo con la información disponible en línea, en los últimos 15 años, la operatividad de las estaciones que recopilan estos datos se redujo un 86%. Por eso considera crucial su recuperación, sobre todo las que están en áreas prioritarias y más afectadas por las precipitaciones, así como informar cuántas y cuáles están activas, y cuáles son sus características.
“Las estaciones deben ser telemétricas, es decir, que hagan las mediciones en tiempo real y no cada 24 horas, como hoy trabajan algunas. Esta es la única forma en la que pueden dar alertas”, subrayó. Insistió López en que se deben determinar los umbrales críticos de lluvia para cada cuenca, porque de acuerdo con estos valores se pueden crear alertas de preparación o evacuación, según sea el caso.
Para el ingeniero hidráulico también se debe actuar directamente en las zonas afectadas. En Las Tejerías, por ejemplo, recomendó el diseño y construcción de canalizaciones de quebradas y presas. Todo debe ir acompañado de una campaña en medios de comunicación y otras vías, que eduquen a la población sobre el riesgo y eviten el levantamiento de viviendas en los márgenes de los ríos y quebradas.
5. En defensa de las áreas naturales protegidas
Las amenazas de construcciones ilegales contra las áreas naturales protegidas en el último lustro no hacen más que aumentar cada año y en 2022, la mira estuvo sobre los tepuyes de Canaima, en el sureño estado Bolívar, gracias a la excéntrica celebración de cumpleaños del empresario Rafael Oliveros, vinculado con el chavismo. Pero también estuvo en las playas de Mochima, al nororiente del país; en las montañas de Sierra Nevada, en el andino estado Mérida, y en el Cerro María Lionza, en el centro occidente de la nación. Ni siquiera la declaración de parques nacionales o monumentos naturales ha evitado que en estos espacios que custodia el Estado se aprueben planes que van en detrimento de las normativas para su preservación.
Esa constante violación de los reglamentos es el reflejo de una institucionalidad perdida. Por eso, la bióloga Vilisa Morón, insistió en su recuperación. “Sin eso es limitada la acción, tanto de los funcionarios responsables como de la ciudadanía”, recalcó.
Con este planteamiento coincide José Ramón Delgado, oceanógrafo, experto en gestión de zonas costeras y director de la Fundación Caribe Sur, una organización venezolana enfocada en contribuir con la conservación y difusión del patrimonio natural y cultural de esta región. Delgado sostiene que las afectaciones en el parque nacional Mochima, donde se inauguró una posada dentro de una isla prohibida, y los planes de múltiples desarrollos turísticos en la Isla La Tortuga, tienen un mismo origen: “el incumplimiento de las leyes y la idea de querer adoptar modelos no cónsonos con la realidad ecológica venezolana”.
El otro desafío recae, según Morón, sobre la participación ciudadana: una suerte de alianza entre academia, empresa, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que se familiarice con las leyes ambientales y la importancia de un “capital natural” que es capaz de mitigar el cambio climático, proteger las cuencas, estabilizar y aportar fertilidad al suelo.
“El mayor reto para 2023 es poder continuar las labores del activismo ambiental, haciendo seguimiento, alertando y denunciando las ocurrencias de quienes solo quieren hacer un buen negocio y no consideran si es el proyecto es apropiado, oportuno, sustentable y, sobre todo, jurídicamente viable, respetuoso del ambiente y de las leyes”, indicó Delgado. Todas estas acciones las debe emprender una sociedad civil organizada con un difícil panorama económico y una academia que apenas tiene recursos monetarios y humanos para sostenerse.
