Clima21 lamenta y condena el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista brasileño Bruno Pereira mientras trabajaban en defensa de las comunidades nativas y el medioambiente en la Amazonía brasileña en la región del Valle del Javarí, fronteriza con Perú.
Este nuevo hecho de violencia se une a los ya incontables asesinatos, agresiones y persecución que sufren los defensores de derechos humanos ambientales y del territorio y que convierte a América Latina en la región del mundo más peligrosa para defender esos derechos. Tal situación viene escalando desde varios años con la indiferencia cuando no complicidad de los gobiernos de la región sin importar el signo político al cual dicen responder.
En contraste, la región cuenta con un extraordinario instrumento legal – el Acuerdo de Escazú – que es pionero en el mundo en desarrollar orientaciones y procedimientos para la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales y del territorio. Este Acuerdo es particularmente importante para la protección de los defensores más vulnerables los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que habitan territorios afectados por el extractivismo y otras formas de neocolonialismo.
A pesar de ello, un número importante de gobiernos de la región se niegan a firmar y ratificar este Acuerdo privando a los defensores la posibilidad de que se establezcan mecanismos sólidos para la protección a su muy importante labor, ya que la protección del ambiente es la salvaguardia de toda la humanidad.
Esperamos que este trágico suceso sirva para llamar la atención de los ciudadanos en todo el mundo, en especial de los pueblos de la región, de tal manera de impulsar la exigencia a los gobiernos a que sin más dilaciones asuman de manera responsable las orientaciones y mecanismos establecidos en el Acuerdo de Escazú y se actúe de manera eficaz para frenar esta ola de asesinatos y violencia contra los defensores.
Asimismo, exigimos al gobierno brasileño iniciar una investigación urgente e independiente que lleve a identificar los autores materiales e intelectuales de este nuevo asesinato que lleve a hacer justicia en este caso.
Finalmente, pedimos a las organizaciones de la sociedad civil de la región a seguir actuando hasta lograr que nuestra región deje de ser un espacio de muerte y se defienda a todos y todas los que actúen para proteger la vida en todas sus formas.
Caracas, 17 de junio de 2022
