Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un ambiente limpio, saludable y sustentable, al agua y al saneamiento y a un clima seguro.
Por ello, los Estados deben esforzarse hasta el máximo de sus posibilidades para hacer efectivos estos derechos para todos los ciudadanos.
En Venezuela, la situación ambiental es grave y parece que algunos aspectos tienden a empeorar de manera rápida y sin control.
Distintas instituciones y organizaciones han podido documentar situaciones tales como:
- La destrucción de la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro, incluyendo la contaminación masiva de los ríos por el uso del mercurio;
- El grave deterioro del ecosistema del Lago de Maracaibo producto de los derrames petroleros, el vertido de aguas no tratadas y la deforestación y degradación de sus cuencas;
- La deforestación, incluso en zonas críticas tales como cuencas productoras de agua, zonas de riesgo de desastres socionaturales y ecosistemas muy sensibles como el semiárido larense y cimas de tepuyes.
- La ausencia de políticas para la protección de los ciudadanos de los efectos del cambio climático;
- La contaminación de los cuerpos de agua, incluso aquellos usados para el consumo humano;
- El negocio millonario del tráfico ilegal de especies tanto terrestres como acuáticas.
- El deterioro muy grave de las zonas y ecosistemas costeros.
- La ausencia de políticas y acciones para mejorar la sostenibilidad ambiental de las ciudades.
A ello se une, la denegación de los derechos al acceso a la información, participación y la justicia, así como la creciente violencia y amenazas sobre los defensores de derechos humanos ambientales, principalmente miembros de comunidades indígenas.
Estas situaciones están afectando gravemente a las personas, pero principalmente a las personas más vulnerables en los territorios más afectados.
Cambiar estas situaciones es una obligación del Estado venezolano y un derecho de todos los venezolanos.
