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Venezuela ante la COP31: El dilema de Venezuela entre la adicción petrolera y la transición energética

por | Nuestra opinión

Hombre mirando elefante pintado de verde

Collage digital basado en una imagen de IA

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Venezuela ante la COP31: El dilema de Venezuela entre la adicción petrolera y la transición energética

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Mientras el Gobierno venezolano afirma apoyar una transición energética justa, sus decisiones económicas siguen colocando la expansión de la industria petrolera en el centro de sus expectativas de recuperación. Esta contradicción no es solamente discursiva: revela la ausencia de una estrategia para superar la dependencia de los combustibles fósiles y construir una economía sostenible. Venezuela necesita recursos para salir de su profunda crisis, pero apostar nuevamente por el petróleo, sin una política de diversificación económica y transición energética, puede comprometer su futuro.

Un discurso oficial nadando entre dos aguas

El pasado 12 de noviembre, durante la COP31, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expuso una serie de ideas que definen el modelo de desarrollo que promueve su Gobierno, las cuales están fundamentadas en el aprovechamiento de los recursos energéticos y su supuesta compatibilidad con la protección de la naturaleza [1].

En su intervención defendió el derecho soberano de Venezuela a fortalecer su industria de hidrocarburos como motor del desarrollo nacional y afirmó que el crecimiento del sector puede llevarse a cabo en armonía con los compromisos de protección ambiental. También afirmó que «la descarbonización no puede profundizar la pobreza energética ni castigar a los más vulnerables, debe ser justa, viable y asequible» [2]. Al mismo tiempo, manifestó su apoyo a una transición energética justa que permita armonizar la condición de Venezuela como país energético con la preservación de la naturaleza [3].

Estas declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una contradicción que ha caracterizado la posición oficial venezolana durante años: Defender la continuidad y expansión de la explotación petrolera mientras se afirma apoyar la conservación de la Naturaleza.

Esta postura no es novedosa. Durante la COP21, en 2015, Venezuela recibió el reconocimiento «Fósil del Día», otorgado por la organización Climate Action Network, debido a su cerrada oposición a incorporar referencias a la transición energética en las negociaciones climáticas que concluyeron en la adopción del Acuerdo de París [4].

En años más recientes, el gobierno nacional ha matizado sus posturas respecto a las transiciones energéticas. En junio de 2025, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, defendió esta posición durante un foro energético celebrado en Rusia. En esa ocasión declaró que: «Nosotros siempre estamos abogando porque la transición energética se haga con responsabilidad, se haga con criterios de realidad para que no se generen cambios abruptos que impliquen, justamente, la seguridad energética. Una visión fuera de realidad puede comprometer seriamente el suministro energético y puede amenazar la equidad energética» [5].

El problema no está en reconocer la necesidad de transiciones energéticas que reconozcan las necesidades de los países en desarrollo. Está en utilizar estos argumentos para justificar la continuidad de un modelo económico dependiente de la explotación petrolera, sin presentar una estrategia concreta para reducir esa dependencia.

¿Qué significa realmente la transición energética?

El propósito de la transición energética es transformar progresivamente los sistemas de producción y consumo de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia economías que no dependan de los combustibles fósiles.

Aunque el Acuerdo de París no menciona expresamente el concepto de transición energética, establece objetivos de reducción de emisiones que son la base de la idea de estas transiciones.

En las siguientes conferencias climáticas se avanzó en la definición de medidas para alcanzar estos objetivos. En la COP26 de Glasgow se acordó reducir progresivamente el uso de la energía generada a partir del carbón sin sistemas de captura de emisiones. Posteriormente, en la COP28 de Dubái, los países acordaron avanzar en una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa.

Más recientemente, en la COP30 de Belém, se acordó desarrollar un Mecanismo de Transición Justa para fortalecer la cooperación internacional, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades.

Estos acuerdos reconocen que abandonar progresivamente los combustibles fósiles no puede hacerse a costa de los derechos de las personas, especialmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. La transición debe garantizar el acceso universal a la energía, proteger los medios de vida de las comunidades, generar oportunidades de empleo y evitar que sus costos recaigan sobre quienes menos recursos tienen.

Por tanto, no se trata simplemente de sustituir el petróleo, el gas y el carbón por fuentes renovables. Implica transformar las estructuras económicas y productivas que mantienen la dependencia de los combustibles fósiles y promuevan sociedades justas y ambientalmente sostenibles.

El trilema energético: ¿equilibrio o justificación?

Una de las referencias utilizadas por el Gobierno venezolano para defender su política energética es el concepto de «trilema energético», promovido por el Consejo Mundial de Energía (World Energy Council) [6].

Este marco propone equilibrar tres dimensiones fundamentales: la seguridad y confiabilidad del suministro energético, el acceso a energía asequible y la sostenibilidad ambiental de los sistemas de producción y consumo.

En Venezuela, este enfoque ha sido utilizado desde hace varios años por diferentes actores para orientar las discusiones sobre el desarrollo energético nacional [7].

En 2025, Delcy Rodríguez, para entonces vicepresidenta ejecutiva y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, utilizó este concepto para promover las políticas energéticas venezolanas durante un foro celebrado en Nueva Delhi [8].

Sin embargo, es necesario aclarar que el trilema energético no establece que la seguridad del suministro deba garantizarse mediante la expansión de los combustibles fósiles, ni que el acceso a energía asequible dependa de mantener la explotación petrolera. Sus tres dimensiones deben abordarse conjuntamente, considerando las alternativas tecnológicas, económicas, sociales y ambientales disponibles.

En ese contexto, utilizar este concepto para justificar la expansión petrolera es una interpretación distorsionada de sus objetivos. La seguridad energética también puede construirse mediante la diversificación de las fuentes, el desarrollo de energías renovables, la descentralización de los sistemas de generación y la promoción del acceso universal a la electricidad.

Por ello, el trilema no debería servir para justificar la continuidad del modelo energético actual, sino para orientar su transformación.

La expansión petrolera como estrategia de recuperación económica

Resulta evidente que Venezuela necesita recursos económicos para superar la profunda crisis que afecta a su población, recuperar los servicios públicos, reconstruir las instituciones y atender el deterioro ambiental acumulado durante décadas.

Esta necesidad constituye uno de los principales argumentos utilizados para promover la recuperación y expansión de la industria petrolera nacional. En tal sentido, las medidas impulsadas este año por el Estado venezolano buscan promover la recuperación y expansión de la industria petrolera nacional, a través de acciones dirigidas a abrirla al capital privado internacional y flexibilizar el marco legal que regula el sector.

Este proceso se desarrolla, además, en un contexto de profunda asimetría en la relación con Estados Unidos luego de los sucesos del 3 de enero pasado.

Esta relación se expresa mediante el control de los mecanismos de comercialización, la administración de los ingresos petroleros mediante cuentas bajo jurisdicción estadounidense y el otorgamiento de licencias para operar en el sector [9] [10].

Esta situación plantea una contradicción adicional: mientras se reivindica la soberanía nacional para defender la expansión petrolera, una parte fundamental de las condiciones comerciales y financieras de esa expansión está condicionada por decisiones del Gobierno estadounidense.

Más allá de estas circunstancias, la orientación económica que se está promoviendo vuelve a colocar los hidrocarburos en el centro de las expectativas de crecimiento e ingresos nacionales. Esto puede profundizar la dependencia petrolera y postergar decisiones indispensables para diversificar la economía y transformar el sistema energético.

La explotación petrolera no garantiza por sí misma la recuperación económica. Sus ingresos están sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales, a conflictos geopolíticos, los cambios tecnológicos y a la progresiva transformación de la demanda mundial de combustibles fósiles. Además, la actividad genera importantes riesgos ambientales y costos sociales que deben ser considerados en cualquier evaluación de sus beneficios económicos.

La transición energética ¿política opcional u obligación?

¿Está Venezuela obligada a avanzar hacia una transición energética, aunque su economía siga dependiendo de la explotación petrolera y minera?

Para responder a esa pregunta, es necesario considerar los compromisos climáticos asumidos por el país [11] y las obligaciones internacionales de protección del ambiente y los derechos humanos.

En mayo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos [12]. Asimismo, en julio del mismo año la Corte Internacional de Justicia publicó su Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático [13].

Ambos pronunciamientos desarrollan las responsabilidades de los Estados frente a la emergencia climática y precisan obligaciones de prevención, protección y actuación. Estas incluyen adoptar medidas para reducir las emisiones, proteger el sistema climático y garantizar los derechos de las personas frente a los impactos del cambio climático.

Estos dictámenes, más que recomendaciones generales, son definiciones jurídicas sobre las obligaciones vinculantes de los Estados. Por lo tanto, no puede considerarse que la política climática y energética sean temas de aplicación opcional por parte de los Estados, sino obligaciones legales que deben ser atendidas de manera prioritaria.

¿Cuál es el camino hacia la transición energética?

Establecer una transición energética justa requiere del diseño de políticas públicas y una hoja de ruta que definan cómo se realizará esa transformación, cuáles serán sus prioridades, qué recursos se necesitan y cómo se garantizará la participación de la población.

En Venezuela, esta política debería contemplar, entre otros aspectos:

  • Recuperar y garantizar el acceso universal y continuo a la electricidad.
  • Promover las energías renovables, especialmente mediante sistemas descentralizados que beneficien a comunidades actualmente desatendidas.
  • Diversificar la economía y reducir progresivamente la dependencia fiscal de los hidrocarburos.
  • Impulsar programas de formación y reconversión laboral para proteger a los trabajadores, especialmente los relacionados con la industria petrolera y generar nuevas oportunidades de empleo.
  • Remediar los pasivos ambientales y reparar los daños ocasionados a las personas y comunidades afectadas por las actividades extractivas.
  • Garantizar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en las decisiones energéticas y ambientales.

Todo ello requiere una institucionalidad democrática capaz de planificar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en un plazo mediano a largo. Un elemento clave adicional deberá ser obtener financiamiento y cooperación internacional para poder desarrollar estas acciones [14].

En resumen, sin una estrategia de este tipo, continuar afirmando que Venezuela apoya una transición energética justa, viable y asequible termina siendo sólo un recurso discursivo que no tendrá ninguna incidencia sobre las decisiones económicas del país.

¿Por qué a los venezolanos debe importarnos que el país tenga una transición energética justa?

Seguir postergando las decisiones necesarias para superar la dependencia petrolera de Venezuela tiene consecuencias que van mucho más allá del sector energético.

Profundiza la vulnerabilidad económica del país, limita sus posibilidades de diversificación productiva y lo expone a los cambios de los mercados internacionales. También prolonga los impactos ambientales de las actividades petroleras y mineras y reduce las oportunidades de construir alternativas económicas sostenibles.

Asimismo, su continuidad en las condiciones actuales profundizará la crisis ambiental actual, lo que redundará en mayores vulneraciones a los derechos humanos en particular para los grupos más vulnerables [15] [16].

Para la población en general, esto significa seguir expuesta a un modelo que no ha garantizado el acceso confiable a la energía, la recuperación de los servicios públicos ni condiciones adecuadas de bienestar. También significa perder oportunidades de empleo, desarrollo económico e inversión en actividades económicas capaces de sostenerse en el tiempo.

El problema no es solamente la ausencia de una política de transición energética. Es, sobre todo, la decisión de seguir colocando la expansión de la explotación petrolera por encima de otras prioridades nacionales.

Venezuela necesita recursos para superar su crisis, pero no puede construir una recuperación sostenible reproduciendo las mismas dependencias que han contribuido a su vulnerabilidad.

La recuperación de Venezuela no puede construirse a costa de su futuro ambiental y climático. No se trata de renunciar a los recursos naturales ni de desconocer las necesidades económicas actuales. Es decidir para qué y para quién se utilizan esos recursos, y de evitar seguir comprometiendo nuestro futuro.

Una responsabilidad que trasciende nuestras fronteras

La transición energética no es solamente una necesidad nacional. Es también una responsabilidad ética frente a millones de personas que ya sufren los impactos del cambio climático, especialmente en los países y comunidades con menos recursos para enfrentarlos.

Para estas poblaciones, fortalecer la capacidad de adaptación y proteger los ecosistemas, no son objetivos abstractos ni asuntos que puedan seguir postergándose. Son condiciones indispensables para proteger la vida, los medios de subsistencia y las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Venezuela tiene que ponerse al lado de esos países y no puede seguir apoyando los intereses de los países más poderosos y las corporaciones globales.

Es un tema no sólo de solidaridad, sino de respeto, decencia y dignidad.

REFERENCIAS

[1] Eljuri, A. (2026) Delcy Rodríguez anuncia en la COP31 la creación del Plan Venezuela Vive para la protección ambiental. Acceder

[2] MPPEF. (2026) Venezuela propone transición energética y financiamiento climático justo en la COP31. Acceder

[3] Acceder

[4] CAN (2015) COP21 Fossil of the Day 6 Winner: Venezuela and Saudi Arabia. Acceder

[5] Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (2025). Delcy Rodríguez: Queremos una evolución que respete el trilema energético. Acceder

[6] World Energy Council. (2024). World Energy Trilemma 2024: Evolving with resilience and justice. Acceder

[7] Ver por ejemplo: Centro de Orientación en energía / Grupo Orinoco (2015) Venezuela Perdió su Seguridad Energética. Acceder

[8] Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos. (2025) Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca en la India la necesidad de equilibrar el trilema energético mundial [Nota de prensa]. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Acceder

[9] U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control. (2026). Publication of Venezuela Sanctions Regulations Web General Licenses 46D, 47B, 48C, 50C, 51C, 52B, 54B, and 61A. Federal Register, 91, 61764–61770. Acceder

[10] Lewis, S. (2026, 12 de noviembre). US handled $12 billion of Venezuela’s oil revenues, report says. Reuters. Acceder

[11] UNFCC. (2024). Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its fifth session, held in the United Arab Emirates from 30 November to 13 December 2023. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement at its fifth session (Decision 1/CMA.5, Document FCCC/PA/CMA/2023/16/Add.1). United Nations. Acceder

[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos (2025) Opinión Consultiva OC-32/25 DE 29 DE MAYO DE 2025 Solicitada por la República de Chile y la República de Colombia. Emergencia Climática y Derechos Humanos. Acceder

[13] CIJ (2025) Obligations of States in Respect of Climate Change. Acceder

 [14] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Sustainable fossil fuel exit strategies and just transition plans: Equitable framework and finance for extractive-based countries in transition (EFFECT). OECD Publishing. Acceder

[15] Tineo, L. y Dabroski, C. (2026) What COP31 Should Mean for Venezuelan Oil, Forests and Reefs. Acceder

[16] Clima21 y PROVEA (2026). Comunicado público: Clima21 y Provea instan al Estado venezolano a establecer garantías ambientales y de derechos humanos ante los nuevos acuerdos petroleros entre Venezuela y EE. UU. Acceder

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