Concentrarse únicamente en la ciencia en la gestión de riesgo de desastres nos oculta el lado político de la construcción de las vulnerabilidades
Luego del desastre ocurrido el pasado 24 de junio hemos escuchado muchas explicaciones técnicas sobre la intensidad de los sismos, las características de la geología de las zonas afectadas y las razones técnicas por las cuales las edificaciones fueron afectadas.
Igualmente, nos hablan de las causas naturales de las emergencias originadas en los efectos del cambio climático o por el fenómeno de El Niño.
En todos los casos la ciencia es indispensable para comprender estos fenómenos. Sin ella sería imposible identificar amenazas, desarrollar sistemas de alerta temprana o mejorar nuestra capacidad de respuesta.
Pero existe un riesgo igualmente peligroso: creer que la ciencia, por sí sola, puede evitar los desastres.
La gestión del riesgo no depende únicamente de conocer cómo funciona la naturaleza. También exige comprender por qué determinadas personas y comunidades resultan más afectadas que otras. Allí es donde aparece un elemento que con frecuencia queda fuera del debate público: la vulnerabilidad.
Un mismo evento extremo puede tener consecuencias completamente diferentes dependiendo de las condiciones sociales, económicas e institucionales de un territorio. La pobreza, el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas de alto riesgo, la debilidad de las instituciones, la corrupción o la ausencia de planificación convierten una amenaza natural en una tragedia humana.
Por ello, reducir el análisis de los desastres exclusivamente a su dimensión científica termina ocultando las decisiones políticas que contribuyeron a crear el riesgo.
Cuando esto ocurre, se instala la idea de que las tragedias son inevitables. Se diluyen las responsabilidades de quienes incumplen las normas de seguridad, ignoran las alertas técnicas o postergan las inversiones necesarias para reducir la vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se invisibiliza que los desastres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más empobrecidas y excluidas.
Las consecuencias son profundas. En lugar de fortalecer la prevención, la planificación territorial o la adaptación al cambio climático, los gobiernos terminan concentrando recursos en atender emergencias que, en muchos casos, pudieron haberse evitado o al menos reducido significativamente.
También se genera un efecto igualmente nocivo sobre la ciudadanía: Muchas personas llegan a pensar que la gestión del riesgo es un asunto sólo para científicos o profesionales técnicos, y que carecen de los conocimientos necesarios para poder exigir mejores políticas públicas.
En Venezuela necesitamos promover una transición, que no sólo toque los temas de la institucionalidad y el liderazgo político, resulta urgente promover una profundización de los roles de los distintos actores sociales:
Los científicos tienen la responsabilidad ética de comunicar con claridad la evidencia disponible y los procesos técnicos adecuados para proteger a la población, pero también deben asumir el compromiso ético de exigir que sea incorporada en las políticas públicas.
Por su parte, los gobiernos tienen el deber de convertir ese conocimiento en acciones concretas para proteger a la población.
Igualmente, la ciudadanía debe participar activamente, exigir transparencia y reclamar acciones sostenidas en prevención y reducción del riesgo. La exigencia principal deberá ser que la gestión de riesgo es un componente fundamental del derecho humano a una vida digna. Por ello, no es una acción complementaria a otros temas dentro de la agenda gubernamental, sino una obligación prioritaria de los Estados.
En Venezuela, donde el deterioro institucional y la expansión de la vulnerabilidad social incrementan la exposición de millones de personas, esta discusión adquiere el carácter de urgencia. El país necesita construir una verdadera cultura de prevención que coloque la protección de la vida en el centro de las políticas públicas.
Los desastres no son el resultado de la fuerza de la naturaleza: Reflejan las decisiones que una sociedad toma, o deja de tomar, antes de que ocurra la emergencia.
Comprender esta realidad es el primer paso para transformar la gestión del riesgo en una política pública basada en la evidencia científica, los derechos humanos y la participación ciudadana.
Reducir el riesgo no depende solamente de conocer mejor las amenazas; depende, sobre todo, de tener la voluntad colectiva de disminuir las vulnerabilidades que nosotros mismos hemos construido.
