En los últimos días han circulado informaciones sobre un operativo militar desarrollado en el estado Bolívar, aparentemente en las cercanías de Las Cristinas.
Asimismo, a través de redes sociales, se han difundido videos que muestran el sobrevuelo de aeronaves militares y acciones armadas en una zona que aparenta corresponder a un área minera. También se han divulgado imágenes de personas desplazándose masivamente fuera del área intervenida.
Hasta la fecha, las autoridades venezolanas no han emitido información oficial sobre los objetivos, alcance y resultados de estas operaciones. Tampoco se conocen datos sobre posibles personas detenidas, heridas o fallecidas, ni sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas presentes en las zonas intervenidas.
Ante esta situación, consideramos necesario señalar lo siguiente:
Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y mecanismos especializados de derechos humanos han documentado los graves impactos ambientales y sociales asociados a la minería ilegal de oro y otros minerales en la Amazonía venezolana.
Asimismo, se ha denunciado la actuación de grupos armados en áreas mineras, así como situaciones de violencia, extorsión y control territorial que han contribuido al deterioro de los derechos humanos y del ambiente en la región.
Las autoridades venezolanas han recurrido en distintas oportunidades a operativos militares y procesos de militarización de territorios mineros, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Sin embargo, debido a la limitada información pública disponible y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas dificultan evaluar los resultados de estas acciones y su contribución a una solución duradera del problema.
En este contexto, expresamos las siguientes consideraciones:
- Reafirmamos la necesidad urgente de proteger la Amazonía venezolana, sus ecosistemas y las poblaciones que habitan en ella frente a los impactos de la minería ilegal y otras actividades que degradan el ambiente.
- A la vez, enfatizamos que toda acción destinada a combatir la minería ilegal debe ejecutarse con estricto apego a la Constitución, la legislación nacional y las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos y protección ambiental.
- Consideramos firmemente que la protección del ambiente no puede desvincularse de la protección de la vida, la integridad personal y la dignidad humana. En tal sentido, el uso de la fuerza por parte del Estado debe ajustarse en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
- En estas situaciones, las autoridades tienen la obligación de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones que desarrollan, incluyendo información sobre sus objetivos, resultados y medidas de protección a la población civil.
- Las políticas orientadas a erradicar la minería no deben implementarse a costa de los derechos de las personas que dependen de esta actividad, ya sea de manera directa o indirecta, en contextos legales o informales. Por ello, exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto de sus derechos humanos y a adoptar medidas efectivas, transparentes y participativas de transición justa, que ofrezcan alternativas económicas sostenibles y medios de vida dignos para las comunidades afectadas.
- Finalmente, consideramos indispensable avanzar en procesos efectivos de restauración ecológica, atención a las comunidades afectadas y reparación de los daños ambientales y humanos acumulados durante años de explotación minera ilegal.
Por todo lo anterior, reafirmamos que cualquier acción orientada a enfrentar la minería ilegal debe contribuir simultáneamente a la conservación de los ecosistemas, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia.
Caracas. 10 de junio de 2026
