La gestión insostenible de tierras áridas, junto con sequías y cambio climático, acelera la desertificación, generando crisis humanitarias por la falta de agua y alimentos para las comunidades locales.
En Venezuela, el área semiárida del estado Lara ha sido sometida en los últimos años a una enorme presión por la extracción de recursos naturales sin criterios ambientales realizada por empresas promovidas o apoyadas por gobiernos locales.
El objetivo de este informe es comprender la actual situación ambiental de la región semiárida del estado Lara, así como los impactos de las actividades de explotación pueden tener sobre los derechos humanos de la población en esta zona del país.
Se encontraron dos situaciones que potencialmente están acelerando la desertificación de esta región: La deforestación generada por la extracción de madera para la producción de carbón, cocuy y artesanías y los impactos de la extracción de sílice sobre cuerpos de agua.
El análisis revela que la presión ejercida por estas actividades está agravando directamente la desertificación y el deterioro ambiental en la región.
Asimismo, la información disponible no respalda las afirmaciones de empresarios y funcionarios gubernamentales de que esta explotación está siendo realizada con criterios de sostenibilidad.
Como consecuencia del deterioro ambiental generado por la explotación de los recursos naturales, se están produciendo graves daños a la población y violaciones a sus derechos humanos.
Ante estas situaciones el Estado venezolano está incumpliendo con sus obligaciones en materia de conservación del ambiente, protección de la ciudadanía y defensa de sus derechos humanos.
Por otra parte, el hecho de las personas más pobres sean las que sufran un efecto desproporcionado del deterioro ambiental define a esta situación como un problema de justicia ambiental.
En función de estos hallazgos se proponen una serie de recomendaciones al Estado venezolano:
Declarar una emergencia en la zona; eliminar el extractivismo de la política económica del Estado y actualizar e implementar el Plan Nacional contra la Desertificación y la Sequía y fortalecer las acciones necesarias para el cumplimiento del ODS15.
Por otra parte, es urgente adelantar investigaciones judiciales para establecer si se han cometido delitos ambientales en la zona y en el otorgamiento de permisos de explotación.
Se recomienda establecer programas para generar medios de vida dignos para los pobladores locales que participan en actividades de explotación de recursos; fortalecer las instituciones de los organismos del Estado para la gestión de la desertificación y promover la investigación científica en la zona.
Finalmente, se exhorta al Estado a garantizar el acceso a la información ambiental como primer paso para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.
Puede acceder al informe completo a continuación.
