Nota de prensa
- Un informe reciente sobre derrames petroleros ocurridos en el segundo semestre del 2023 indica que la incidencia de derrames petroleros en este período no ha tenido cambios significativos con respecto a períodos pasados.
- Al igual que en los otros períodos, la estatal petrolera (PDVSA) continúa negando el acceso a la información pertinente sobre los derrames y sus consecuencias.
- Se constató que, a pesar de las declaraciones y promesas realizadas por altos funcionarios del gobierno venezolano, el Estado venezolano sigue en mora con su obligación de proteger los derechos ambientales de los venezolanos y de reparación a los grupos y personas afectados por los derrames.
Caracas, 23 de enero de 2024. El gobierno venezolano incumple con su obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de los derechos humanos ambientales de los ciudadanos en relación con el impacto de los derrames petroleros que se producen en el país.
Esta es una de las conclusiones del informe: “Sin control, sin información, sin verdad, sin derechos humanos. Reporte de derrames petroleros en Venezuela julio-diciembre 2023” recientemente publicado por la organización Clima21 como parte de su programa: Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA).
Los principales resultados del informe son los siguientes:
En este período se registraron 35 derrames de hidrocarburos, lo que sumados con los 44 casos contados en el semestre anterior resulta un total de 79 eventos en el año 2023. Un número muy similar a los 81 documentados en el año 2022.
Este resultado parece ser un indicativo de que no ha habido mejoras en las capacidades y voluntad del gobierno venezolano por controlar estos desastres que afectan tanto el ambiente como los derechos de las personas en las zonas donde ocurren.
Estas emergencias están generando un importante deterioro ambiental, así como daños a personas y comunidades que habitan en la zona afectada.
Pero en ninguno de los casos la estatal petrolera se responsabilizó sobre los mismos, no realizó estudios sobre los impactos ocurridos, ni cumplió con su obligación de reparar los daños generados por los derrames.
Igualmente, al igual que en los otros períodos, la estatal petrolera (PDVSA) en ninguno de los casos suministró información adecuada y suficiente sobre las causas, características del hidrocarburo derramado, consecuencias ni ninguna otra información pertinente sobre estos eventos.
Durante este período el gobierno nacional realizó una serie de declaraciones y actividades sobre el desarrollo de planes de mejoramiento de la actual situación de deterioro del Lago de Maracaibo.
En contraste, las declaraciones de algunos funcionarios y la obstaculización del trabajo periodístico en las zonas afectadas por los derrames, parecen indicar más el intento de crear una narrativa de normalidad que una verdadera voluntad de cambio.
En conclusión, el gobierno venezolano sigue incumpliendo con su obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de los derechos humanos ambientales de los ciudadanos en relación con el impacto de los derrames petroleros que se producen en el país.
El informe completo está disponible para ser consultado o bajado en el siguiente enlace
