Inicialmente el concepto era la explotación respetuosa del ambiente, del ser humano y un proceso de desarrollo industrial sostenible en Venezuela. A 10 años del decreto del Arco Minor del Orinoco, el resultado en este momento es un desastre absoluto. Los objetivos planteados como el control de la minería, protección ambiental y protección de los grupos indígenas, pareciera que estuvieran desarrollándose exactamente a la inversa.

No hubo, ni hay, ningún control de la minería. La minería se expandió sin ninguna regulación y control, no solamente dentro de los límites del Arco Minero, sino a toda la Amazonía Venezolana. En este momento el daño ambiental es gravísimo.

Tenemos daños visibles por efectos de deforestación, daños en cuencas importantes dentro de la Amazonía, pero el daño más grave es sobre los derechos de las comunidades y su propia vida, producto de los grupos armados que tienen control completo de las zonas mineras. En este momento la situación es enormemente grave y se debe controlar de la mejor manera posible, tomando en cuenta que los grupos que están ahí son grupos transnacionales y debe haber una coordinación entre los cinco países que conforman la Amazonía.