El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos (OVDHA) ha registrado 199 derrames en el período 2016-2021 esta situación pone en riesgo los derechos de las poblaciones en todas las zonas donde ocurren estos desastres
En el OVDHA estamos realizando un monitoreo de los derrames de hidrocarburos que se están produciendo en el territorio nacional o afecta su territorio. Hemos venido contabilizando, no sólo los derrames más recientes, sino también los ocurridos en los últimos cinco años, de tal manera de detectar tendencias y patrones en estos eventos. Este trabajo se realiza registrando todas las noticias sobre derrames que han sido reseñados por medios de comunicación nacionales e internacionales, así como denunciadas por usuarios de redes sociales.
El resultado de este proceso, es que en los últimos 5 años (2016-2021) pudimos registrar 199 derrames petroleros a lo largo del territorio nacional, incluyendo un derrame de gasolina. Los mismos han estado distribuidos en catorce estados y una Dependencia Federal.
Asimismo, se observa un incremento continuado de estos eventos a lo largo de esos años.
Un aspecto importante, es que a partir del 2018, la gran mayoría de los derrames (97%) se originaron en instalaciones de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y el 3% restante de empresas petroleras externas. Este resultado posiblemente es el reflejo de pérdida progresiva de la capacidad operativa de la industria petrolera nacional y a los cambios en la composición accionaria de las industrias mixtas.
Es resaltante que en los casos aparecidos en los medios de comunicación o redes sociales en todas las denuncias surgieron de comunidades, pescadores, organizaciones de la sociedad civil o investigadores y no de la propia empresa generadora del daño ambiental. Asimismo, no hay información sobre medidas de mitigación realizadas, ni de investigaciones iniciadas para establecer las responsabilidades legales que pudieran existir.
Los estados Zulia y Anzoátegui representan las entidades más afectadas por derrames, seguidas del Estado Falcón. Esto debido a que en estas zonas se encuentran las principales instalaciones y zonas de explotación en el país. Pero a la vez, se observa la ausencia de casos en zonas donde posiblemente no se estén reportando debido a la lejanía con los centros urbanos donde existen medios de comunicación que informan sobre estos accidentes.
Entre las localidades afectadas, se encontraron Áreas Naturales Protegidas localizadas en los estados Falcón (Refugio de Fauna Silvestre Cuare, Parque Nacional Morrocoy), Carabobo (Parque Nacional San Esteban) Sucre (Parque Nacional Península de Paria) y Territorio Insular Francisco de Miranda (Parque Nacional Archipiélago de Los Roques). No encontramos ninguna información sobre evaluaciones del impacto ambiental que pudo ocurrir en estas zonas protegidas debido a los derrames.
De acuerdo a las denuncias realizadas por las comunidades locales, recogidas por los medios de comunicación, casi el 70% (69,8%) de los derrames registrados tuvo un impacto directo en los derechos de las personas, afectando la salud, acceso al agua y al trabajo. Siendo en este último caso las actividades de pesca, agricultura, ganadería y turismo las principales actividades económicas perjudicadas. No hay ningún registro de que se haya realizado seguimiento a los impactos de largo plazo, generados por estos eventos.
Un aspecto importante de estos resultados es su comparación con los últimos datos sobre derrames petroleros suministrados por PDVSA, en su Balance de la Gestión Social Ambiental publicado en el 2016. En este documento, la estatal petrolera reconoció haber registrado 8.250 derrames en un sólo año. Esta enorme diferencia entre estos datos y lo que actualmente reportan los medios de comunicación sólo puede explicarse debido a la desinformación, opacidad y censura impuesta sobre estos desastres de origen tecnológico que afectan la seguridad, salud y el ambiente de los venezolanos.
Es urgente que PDVSA, así como cualquier otra empresa que opere en el país, asuman su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales.
Ello implica:
- Restablecer y actualizar los planes de contingencia existentes con enfoque de derechos humanos;
- Realizar acciones inmediatas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura petrolera;
- Establecer una política comunicacional que permita el acceso público a toda la información necesaria sobre los derrames petroleros y las acciones que se están realizando para prevenirlos y mitigarlos;
- Hacerse responsable de los daños ocurridos tanto al ambiente como a las personas, de tal manera de realizar acciones de restauración ecológica, así como de compensación a las víctimas de estos eventos.
