Al igual que en muchas partes del mundo, en Venezuela hay zonas donde los residentes sufren consecuencias devastadoras para su salud por vivir en zonas muy contaminadas. Un informe internacional reciente analiza las “zonas de sacrificio” y las consecuencias de los mismos sobre los derechos humanos.
Una joven habitante de Ciudad Ojeda (Zulia) recibe con alegría la noticia de que está embarazada. Pero la ilusión de ser madre se contrapone con el miedo a que su futuro hijo nazca con graves deficiencias como otros niños que han nacido allí. Una maestra de El Callao (Bolívar) observa el crecimiento de molinos de oro alrededor de la escuela en que trabaja presintiendo el aumento de niños afectados por los gases contaminantes que emiten.
Vivir en esas zonas de Venezuela representa una paradoja terrible. De ellas se han extraído, y se sigue extrayendo, riquezas minerales que han representado cuantiosos ingresos para la nación, pero a la vez han representado la devastación ambiental y frecuentemente la pobreza y muerte para sus pobladores.
A veces las comunidades locales perciben a esas situaciones como un saqueo de sus riquezas, pero el daño es mucho mayor que el económico. La extracción de petróleo o minerales, por ejemplo, puede generar zonas con niveles tan altos de contaminación que pueden afectar la salud y economía de los pobladores locales a largo plazo, e incluso en algunos casos generar impactos a perpetuidad.
El pasado 11 de marzo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente en conjunto con el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos entregaron al Consejo de Derechos Humanos un informe sobre los impactos sobre los derechos humanos de las llamadas zonas de sacrificio. El informe las define como “lugares donde los residentes sufren consecuencias devastadoras para la salud física y mental y violaciones de los derechos humanos por vivir en focos de contaminación y zonas muy contaminadas”.
El informe señala que la crisis de la contaminación es una de las tres crisis ambientales globales, junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De las tres, la contaminación debido a productos tóxicos es responsable de la muerte de al menos 9 millones de personas al año. Más muertes que las derivadas de la pandemia de COVID-19.
Es claro que la contaminación puede afectar a todas las personas en todos los lugares, pero el informe subraya un aspecto crítico: que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre los hombros de personas, grupos y comunidades que ya soportan la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica.
Como lo expresa claramente el relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente David Boyd “Es profundamente desolador ver que las instalaciones más contaminantes y peligrosas, como las minas a cielo abierto, las fundiciones, las refinerías de petróleo, las plantas químicas y los vertederos de basura tienden a situarse cerca de comunidades desfavorecidas.”
En Venezuela existen zonas de sacrificio
Desde el inicio de la industria petrolera en Venezuela en el lago de Maracaibo fueron vertidas cantidades inmensas de hidrocarburos contaminando sus aguas haciéndolas inservibles para su consumo y letales para las especies que allí vivían. Pero adicionalmente, durante el período entre los años 1976 a 1992 la Planta de Cloro-Soda ubicada en la costa oriental del Lago de Maracaibo generó efluentes mercuriales que llegaron hasta la Bahía de El Tablazo. Un estudio médico publicado en 1995 encontró que la incidencia de anencefalia, un defecto de nacimiento en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, en niños nacidos en un hospital local, estaba entre las más altas del mundo.
Otra planta de Cloro-Soda estuvo operando en Morón, estado Carabobo entre los años de 1957 y 1976. Se calcula que la misma vertió un total de 21 toneladas de mercurio al ambiente. Estudios realizados en la zona encontraron que peces y otros organismos marinos tienen altos niveles de mercurio, en su mayoría por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este caso representa el único en Venezuela en el que algunas de las víctimas fueron indemnizadas por los daños producidos por la contaminación. En 2006 se les concedió una compensación económica a un grupo de trabajadores que laboraron en la planta en el período que estuvo activa. Pero a la vez, no hay ningún estudio sobre el impacto de esta contaminación sobre la población en toda la zona costera de Golfo Triste donde se dispersó el mercurio.
Hace treinta años se publicaron los primeros reportes de contaminación por mercurio relacionados con la explotación del oro en la región de Guayana. En esa época, todos los reportes provenían del extremo oriental del estado Bolívar donde se concentraba la mayor parte de los sitios de explotación de oro. Actualmente hay evidencia de zonas contaminadas en la mayoría de los ríos en los estados Bolívar y Amazonas. Asimismo, hay evidencias de que existe un número muy alto de personas contaminadas por mercurio, pero no hay ninguna información de que el gobierno las esté atendiendo.
En diversas localidades de los estados Anzoátegui y Monagas un número no precisado de trabajadores y residentes locales sufren de graves enfermedades respiratorias. Estudios realizados por distintas universidades han concluido que la emisión de gases contaminantes por la industria petrolera supera las normas de la OMS.
En casi todos estos casos las víctimas y la población en general han sido ignorados y olvidados. Sus protestas han sido desechadas y en ocasiones han sido hostigados para que abandonen sus demandas.
Tal como expresa el informe, ellos han sido explotados y estigmatizados, se les ha tratado como objetos desechables y se les ha pisoteado su dignidad y sus derechos.
Asimismo, deja claro que estas zonas de sacrificio son violaciones inaceptables a los derechos humanos de estas comunidades, y en tal sentido son una “mancha en la conciencia colectiva de la humanidad”.
Para construir un futuro positivo para todos necesitamos construir un país en la que la búsqueda de la prosperidad no tenga como consecuencia el sufrimiento, muerte y destrucción de las personas y sus territorios.
No necesitamos más zonas de sacrificio.
