(Caracas, 12 de noviembre de 2025) Esta semana se ha inaugurado la 30° Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el principal foro político global para la toma de decisiones relativas a la crisis climática.

La COP30 de 2025 posee una importancia simbólica particular: Es la primera que se celebra en la Amazonía y marcando el décimo aniversario del Acuerdo de París.

Asimismo, se lleva a cabo tras las relevantes Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, que establecen obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados en materia de cambio climático, especialmente en temas de derechos humanos, justicia intergeneracional y responsabilidad internacional.

El encuentro se inicia en un ambiente de incertidumbre. Existe una fuerte presión por parte de gobiernos negacionistas y corporaciones petroleras y mineras. A esto se suma la aparente ausencia de voluntad política por parte de la mayoría de los Estados.

En contraste, el planeta bate récords climáticos anuales en aumento de temperatura, sequías, incendios, huracanes y propagación de enfermedades. Estas situaciones están causando muchas más víctimas y daños que los actuales conflictos armados, generando, sin embargo, mucho menor interés mediático y político.

Por su parte, la ciudadanía venezolana parece excluida de esta situación. La población cuenta con escasa información sobre la relevancia de esta cumbre y la posición y compromisos del Estado. Si bien se ha divulgado que será presentado en la reunión un Plan Nacional de Adaptación (PNA), se desconoce su contenido, proceso de implementación y financiación.

A la vez, Venezuela y su población están cada vez más afectados por los impactos del cambio climático, los cuales inciden sobre las personas más vulnerables, exacerbando la pobreza, la enfermedad y el desplazamiento forzado.

Por estas razones, esperamos que la COP30 no sea otra oportunidad perdida, sino que sirva como catalizador para generar los compromisos, articulaciones y acciones urgentes por parte del Estado y la sociedad de tal manera de avanzar hacia un país preparado, resiliente y solidario frente a los efectos del cambio climático.

Por todo ello, consideramos prioritario y urgente avanzar en los siguientes temas:

1. Establecer de manera urgente un PNA integral y consensuado, diseñado e implementado con un enfoque de derechos humanos, utilizando la mejor ciencia disponible y considerando los impactos diferenciados sobre los distintos grupos sociales, identidades y culturas.
2. Fortalecer los sistemas de protección en salud, alimentación, acceso al agua y prevención de desastres, con énfasis en poblaciones vulnerables. Descentralizar estas acciones y desarrollar mecanismos de control ciudadano.
3. Fomentar la participación activa de todos los sectores de la población en el diseño, implementación y monitoreo de las acciones climáticas, promoviendo la participación como derecho humano y ejercicio del poder ciudadano.
4. Establecer mecanismos de financiación para proyectos de adaptación climática local implementados por la sociedad civil, dirigidos al empoderamiento comunitario y la democratización de la acción ciudadana.
5. Potenciar la ciencia climática nacional (científico-técnica, social y humanística). Esto debe incluir el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los investigadores.
6. Promover un Plan Nacional de Educación para la resiliencia climática en todos los niveles, modalidades y sectores, el cual debe incluir de manera prioritaria la dignificación de los docentes.
7. Establecer una política de acceso libre a la información ambiental disponible, incluyendo formatos para públicos no especializados y comunidades indígenas, así como la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.