Venezuela sigue al margen de los avances de Latinoamérica y el Caribe en la defensa de los derechos al acceso a la información, participación, justicia en temas ambientales, así como en la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.
La semana pasada durante la reunión de las partes del Acuerdo de Escazú (COP3) fue aprobado el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que promueve el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Asimismo, es el primer acuerdo multilateral que exige que los Estados promuevan un entorno propicio para que los defensores de derechos ambientales puedan ejercer su labor con libertad y sin discriminación, amenazas, restricciones o inseguridad.
Este instrumento internacional fue adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021.
La importancia del Plan de Acción, recientemente aprobado, está justificada debido a que Latinoamérica es la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Según informes de la organización internacional Global Witness al menos, 1.335 defensores y defensoras ambientales en los últimos 11 años en América Latina.
El gobierno de Venezuela se ha negado a participar de este Acuerdo por razones nunca explicadas.
¿Qué pasa en Venezuela?
Aunque no hay cifras precisas, entre el año 2012 y 2022 fueron asesinados al menos 20 indígenas venezolanos en situaciones relacionados con la defensa de sus territorios y sus hábitats. En ninguno de esos casos se ha producido investigaciones que hayan llegado a la sanción de los responsables de estos actos.
Asimismo, aunque los defensores de derechos humanos ambientales no indígenas no han tenido que sufrir situaciones tan graves, se han producido casos de intimidación, hostigamiento y amenaza sobre ellos. Estas situaciones parecen estar incrementando a medida que escala la censura, hostigamiento y persecución contra la sociedad civil, principalmente en los últimos meses.
Adicionalmente, es necesario incluir otras formas de violencia contra los defensores de derechos humanos ambientales y del territorio.
Algunos autores consideran que el saqueo, destrucción, contaminación y militarización de los territorios indígenas son también formas de violencia. Algunas de estas acciones están generando muerte, enfermedad, hambre, esclavitud y desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de Venezuela.
Asimismo, son formas de violencia los obstáculos y restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil para su registro, renovación de autoridades, obstáculos para la realización de sus actividades, así como las permanentes amenazas sobre la aprobación de leyes restrictivas y punitivas sobre estas organizaciones hace muy difícil su trabajo, así como la obtención de recursos económicos para su trabajo.
¿Esta situación afecta a los venezolanos en general?
Los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales y del territorio actúan protegiendo derechos de enorme importancia para todos.
No sólo cuidan y conservan el ambiente y la naturaleza, sino que trabajan para garantizar nuestros derechos al acceso a la información, participación y la justicia en temas ambientales.
Esos derechos son tan importantes que no podemos avanzar en el desarrollo del país sino tenemos información fidedigna, oportuna y suficiente sobre temas tales como la disponibilidad y calidad de agua que se suministra por los acueductos y otros medios, la ausencia de sustancias tóxicas en alimentos, agua y aire, los riesgos a desastres socio-naturales, entre otros muchos temas.
Por todo ello y por la vida, exigimos que el Estado venezolano defienda a los defensores.
Escazú Ya para Venezuela.
Para revisar el Plan de Acción aprobado marcando aquí
