La minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, territorio ancestral del pueblo pemón, está generando un deterioro progresivo de los ecosistemas de esa área protegida, a la vez que graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de ese pueblo.
Esta situación es uno de los resultados descritos en el informe publicado por Clima21 en conjunto con el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) titulado: “El pueblo pemón: Dominación, resistencias y transformaciones frente al extractivismo depredador”.
El informe realiza un análisis de los conflictos sociales y socio-ambientales que han afectado el pueblo pemón en el contexto del extractivismo minero, a la vez que describe las acciones realizadas por dicho pueblo para la reivindicación de sus derechos.
Como consecuencia de estos procesos se ha producido la precarización de la vida de las comunidades indígenas de la Gran Sabana, a la vez que se ha generado una escalada de violencia sobre el pueblo pemón, promovida tanto por la delincuencia minera como por cuerpos policiales y militares.
En este contexto, en los últimos diez años han sido asesinadas 17 personas como resultado de conflictos relacionados con el control de los recursos mineros en territorio pemón. Asimismo, un número no precisado de indígenas se han visto forzados a migrar para huir de la violencia y la pobreza.
En paralelo, la explotación de oro en el Parque Nacional Canaima está generando un grave y creciente deterioro de los ríos y contaminación por mercurio, situaciones que ponen en peligro tanto la salud y forma de vida de los pemón, así como los objetivos de conservación de esta área protegida.
El informe concluye que la situación actual sólo podrá superarse si se entienden los conflictos existentes de forma integral y sistémica, con respeto a los derechos del pueblo pemón.
Para ello se necesita una transformación del modelo de desarrollo minero del país, en el cual se elimine el extractivismo minero como forma de financiamiento del Estado y se establezcan mecanismos eficaces para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la defensa de la vida y la integridad de los líderes y defensores del territorio.
Las acciones que se requieren realizar para cambiar esta situación deben tomar en cuenta, en simultáneo, los derechos del pueblo pemón y la preservación de la integralidad de los ecosistemas del Parque Nacional. Asimismo, será necesario ratificar el Acuerdo de Escazú de tal manera de dar protección efectiva a los indígenas defensores de su territorio.
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