En Venezuela se está produciendo una aceleración de los procesos de deterioro ambiental lo que a su
vez están afectando de manera grave los derechos humanos de la población.
Esta situación deriva de tres causas subyacentes: Los efectos de una política económica basada en el
extractivismo depredador, la desinstitucionalización ambiental del país y la consolidación de un
sistema autoritario que cierra el espacio cívico y los derechos procedimentales en temas ambientales.
Algunos de los problemas derivados de estas causas incluyen, situaciones tales como: la alta tasa de
deforestación; la contaminación por mercurio derivado de la extracción de oro; la expansión acelerada
de la malaria como consecuencia de la actividad minera y la actividad minera ilegal en todas las áreas
naturales protegidas al sur de Venezuela.
Por otra parte, en los últimos años está ocurriendo un grave deterioro de la mayor parte de los
ecosistemas marino-costeros; así como pérdida de la biodiversidad. Igualmente, se ha constatado la
falta de protección de la población de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y el
cambio climático, así mismo, se ha evidenciado que el gobierno no está en capacidad de garantizar el
derecho al agua potable a la población, ni gestionar las áreas naturales protegidas del país.
Finalmente, el Estado niega el acceso a la información, participación y la justicia en asuntos
ambientales y tiene una política de violencia contra las comunidades indígenas y defensores del
territorio. Igualmente, el Estado no garantiza la educación de la población en materia ambiental ni
climática.
Esta situación parece apuntar hacia un proceso de deterioro acelerado de todos los componentes y
situaciones del país, así como a la realización de graves injusticias ambientales. Asimismo, hacia la
incapacidad del país para avanzar hacia el cumplimiento de los ODS de las Naciones Unidas.
Resulta necesario que la sociedad venezolana reconozca la importancia de los temas ambientales para
la reconstrucción del país y la construcción de futuros dignos para todos, a la vez que seguir exigiendo
al Estado venezolano que cumpla con sus obligaciones en materia ambiental.
