Rosmina Suárez Piña
Tomado de Efecto Cocuyo. Para ir a la fuente original marque aquí
A seis meses de 2022, nueve regiones del país han sido afectadas por las intensas lluvias e inundaciones. Si bien no ha sido el año más lluvioso, sino enmarcado con la presencia del fenómeno La Niña moderado, ante los eventos meteorológicos extremos producto del cambio climático, es necesario hablar sobre gestión de riesgos.
Se trata de planes orientados a mitigar y actuar frente a esos eventos meteorológicos extremos, sean lluvias o sequías. Pero, de acuerdo con expertos, las medidas tomadas en Venezuela con las lluvias recientes han sido “paliativas” y no preventivas.
“La gestión de riesgo no evita el cambio climático, pero sí puede preparar a una comunidad, a un país e incluso a una región”, explica Alejandro Álvarez, biólogo y director de la organización Clima 21 Ambiente y Derechos Humanos, en entrevista con Efecto Cocuyo.
En Venezuela ocurren eventos meteorológicos extremos y seguirán ocurriendo por la variabilidad ambiental, como años más secos o menos cálidos. Sin embargo, el cambio climático “se superpone a ese proceso de variabilidad y va generando procesos muy complejos”.
Por ello, la implementación de planes de gestión de riesgo debe ser previa y no durante o posterior a los daños, como ha venido ocurriendo en las regiones afectadas por las recientes lluvias.
“Es todo un proceso de planificación pública. Los eventos meteorológicos extremos, como lluvias o sequías por el contrario, destruyen formas de vida, economías, ambientes. En sí mismo, es necesario que toda una comunidad pueda prepararse antes para mitigar y lograr que el evento sea lo menos destructivo posible; luego actuar frente a los daños ocurridos y poder lograr una recuperación rápida de la comunidad afectada”, señala Álvarez.
Antes, durante y después: las tres fases que no se cumplen
En la implementación de los planes de gestión de riesgos se toman en cuenta tres medidas: la preventiva (el estudio y la preparación, antes), la reactiva (la actuación y movilización, durante) y las medidas de respuesta (las acciones de recuperación, después).
Para cumplirlas, es necesario conocer las amenazas y vulnerabilidades del territorio, es decir, cuán expuesto está ante los desastres y cuál es la capacidad de ese territorio para resistir impactos.
“Si ya la gestión de riesgos es importante sin considerar la afectación por el cambio climático, ahora considerando lo que está previsto para Venezuela según los reportes y proyecciones climáticos, entonces la gestión de riesgos se hace vital porque permite tomar esas medidas”, expone María Yelithza Colina, arquitecta diplomada en Gestión Ambiental Urbana con enfoque en mitigación y adaptación al Cambio Climático, a Efecto Cocuyo.
En la mayoría de casos, en el país solo se está actuando de forma reactiva, aún cuando desde instituciones como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (Ipcc) se conmina a los países a implementar políticas de adaptación y mitigación.
En Venezuela, “estamos ante una situación compleja. Estamos observando que la respuesta es principalmente reactiva y paliativa, a muy corto plazo. Esto significa que no hay preparación previa”, añade Álvarez.
Un ejemplo que puede ilustrar qué significa la gestión de riesgos es la afectación que sufre la zona Sur del Lago, en el estado Zulia (en la foto anterior al párrafo). Cada año, con las lluvias e inundaciones, se pierden miles de hectáreas y miles de familias resultan afectadas y damnificadas.
Pero las alertas de emergencia en esa zona suelen decretarse durante las lluvias y los diques que comúnmente se rompen por el impacto del agua no reciben el mantenimiento necesario “desde hace años, con la prohibición de maquinarias”, como denunció Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras Zulia.
Para ser más específicos, la primera etapa, la preventiva, implica no generar nuevas condiciones de riesgo. Aquí entran los Planes de Ordenamiento Urbano, que controlan y regulan los asentamientos humanos; luego, viene la reducción de riesgos existentes; y, posteriormente, viene la preparación para respuesta a la emergencia.
“En esta última, conocemos los sistemas de alerta temprana, que en Venezuela tienen una implementación no tan eficiente”, destaca Colina.
Otra gran deuda histórica
La gestión de los riesgos es uno de los pilares fundamentales de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; sin embargo, se convierte en una deuda para el país en cuanto a la gestión del territorio, tanto en el ordenamiento territorial como de la planificación urbana.
Así lo considera la arquitecta Colina, quien explica que esa deuda “ha llevado a que zonas del territorio venezolano se encuentren con asentamientos en alto riesgo y también ha conllevado a que las ciudades hayan tomado territorios antiguamente rurales sin ningún tipo de planificación ni control”.
Eso, a su vez, “ha llevado históricamente al colapso de servicios, pero también a que, cuando sucede un evento meteorológico, bien sean precipitaciones u otro tipo de eventos naturales, estas zonas se vean más vulnerables ante las amenazas, comprometiendo también a la gestión de riesgos debido a la capacidad que tienen las instituciones oficiales para responder a esos eventos”.
Colina, quien también es fotógrafa y especialista en Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental, menciona dos gestiones que, dentro del ordenamiento territorial y la planificación urbana, podrían aumentar la vulnerabilidad de las ciudades ante el cambio climático en cadena: la gestión del servicio de agua y la gestión de residuos y desechos sólidos.
“Como ya se sabe, se prevé un aumento de las temperaturas entre 1 °C y 3.5 °C, entonces si ya tenemos fallas en la distribución del agua, fallas en los servicios de recolección de residuos, estos se van a ver exacerbados por manifestaciones de cambio climático que, además, están afectando directamente a cultivos o territorios que, a su vez, van a provocar migraciones climáticas. Son emergencias que el Estado va a tener que resolver en el momento porque también se podrá generar un movimiento de personas de una zonas de alto riesgo a zonas consolidadas o zonas urbanas que, con la falta de atención en los últimos años, va a tender al colapso de las infraestructuras de servicio”, enumera Colina.
Una obligación del Estado
Desde Clima 21, observan con frecuencia que la mayor parte de los eventos meteorológicos extremos están ocurriendo sobre comunidades muy pobres, que suelen perder sus viviendas, enseres y hasta medios de vida.
En este escenario, el desastre también tiene perspectivas y Álvarez lo explica con un ejemplo: “Imagínate que una familia muy pobre pierda su casa y sus cosas frente a una familia que dice ‘oye, se mojó la casa, vamos a secar’ para esta última familia hay una cierta capacidad de actuar, pero para la gente que está en el límite de la pobreza es un desastre”.
Para Álvarez, no hay capacidad de trabajo, aunque desde Protección Civil, que es el organismo oficial ante esas situaciones, tenga la mejor intención de actuar. Además, por marcos internacionales, el Estado debe garantizar la promoción de los derechos humanos, en este caso, desde el enfoque ambiental
“Estoy seguro de que la gente de Protección Civil, en los niveles más cercanos a la población, están haciendo lo mejor que pueden. Pero lo que debería importar, desde el punto de vista de derechos humanos -lo que maneja Clima 21-, es que el Estado está obligado a promover esos derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles; no solo se habla de recursos financieros, también se habla de recursos de apoyo, como de otros países por ejemplo”, puntualiza Álvarez.
Según el Ipcc, nuestro país es uno de los más vulnerables y menos preparados ante el cambio climático, por lo que la gestión de riesgos es estrictamente necesaria para enfrentar sus impactos.
Así, con base en las proyecciones de cambio climático para Venezuela, para Colina “no hay excusas que permitan seguir postergando el diseño de la gestión integral de riesgos”.
