- La expansión de la minería ilegal está causando graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes en el estado Bolívar.
- La causa de esta situación es el racismo ambiental que subyace a las políticas gubernamentales referidas a la minería en Venezuela.
La situación que viven las comunidades de afrodescendientes en Bolívar dista mucho de ser un carnaval. Esta realidad es consecuencia de los efectos negativos de la minería ilegal de oro y el racismo ambiental que subyace en las políticas que promueven dicha actividad.
Esta es la principal conclusión del informe: “Minería y racismo ambiental: Los derechos humanos de los afrodescendientes al sur del país frente al extractivismo minero” publicado por Clima21 en conjunto con la coalición Odevida.
El trabajo documenta la situación de las poblaciones afrodescendientes que habitan en El Callao y Aripao, dos centros poblados situados en el estado Bolívar.
El estudio encontró que, debido a la expansión incontrolada de las actividades mineras al sur del país, se ha producido un incremento de la violencia y un grave deterioro ambiental, así como un aumento de las amenazas al patrimonio cultural de los pueblos que allí habitan. Situaciones que han convertido grandes espacios territoriales de la Guayana venezolana en zonas de sacrificio.
En particular, el informe hace énfasis en cómo la violencia, la deforestación, la contaminación por mercurio, el aumento de los casos de malaria y las amenazas al patrimonio cultural inmaterial afectan de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes y de menores recursos que viven en El Callao y Aripao.
Asimismo, el informe concluye que uno de los factores que contribuye a esta realidad es la persistencia de formas de racismo implícitas en las políticas ambientales y económicas puestas en práctica por el gobierno venezolano.
Transformar este estado de cosas pasa por comprender que los derechos ambientales de las poblaciones afrodescendientes en las zonas afectadas por la minería de oro son derechos humanos, por lo que los Estados están en la obligación de respetar, proteger y adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización de estos derechos.
Para avanzar en ese sentido, el informe realiza una serie de recomendaciones. Entre ellas se incluye: Descartar el extractivismo minero como medio de financiamiento Estatal; incorporar a la Agenda Programática de las y los Afrodescendientes acciones para la protección de los derechos humanos ambientales de la población afrovenezolana; implementar políticas públicas ambientalmente sostenibles en Guayana que incorporen prácticas económicas tradicionales de los pobladores locales; suscribir el Acuerdo de Minamata; así como firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger el derecho a la información pública, la participación y el acceso a la justicia en materia de ambiente.
El informe completo está disponible en esta página Web en la sección de publicaciones o en el siguiente enlace.
