La expansión de la minería ilegal, la presencia y control de grupos irregulares y la poca actuación del Estado, han dado paso a la persecución y asesinatos de defensores ambientales en Venezuela. Desde 2013 hasta 2021 se contabilizan 32 muertes, según el último informe del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
El informe titulado “El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela” detalla que del total, 21 personas fueron asesinadas por mineros o integrantes de las guerrillas colombianas y las 11 restantes por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
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A los números anteriores se les suma que se han reportado 80 casos de persecuciones y represión a estos defensores. Se han contabilizado 25 detenciones arbitrarias, 11 ejecuciones extrajudiciales, 21 asesinatos selectivos, nueve han sido secuestrados y 14 han recibido amenazas.
Esta situación se presenta en los estados mineros y fronterizos, siendo el estado Bolívar el que presenta mayores incidencias.
El informe indica que para noviembre de 2021 el gobierno venezolano seguía sin dar respuesta a la demanda de las organizaciones ambientales y de las comunidades indígenas, sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y el desplazamiento de los autóctonos, por el contrario, se ha profundizado la extracción del oro.
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Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada , para 2018 se detectaban 1.899 sitios con actividad minera ilegal afectando a más de 35.000 hectáreas. La cantidad de personas que trabajan en las minas venezolanas del lado de la Amazonía, serían unas 189.000.
Los pueblos indígenas han resistido a los avances de la minería ilegal aunque muchos se han visto forzados a huir incluso a pueblos de Brasil.
El Centro para la Reflexión y Acción Social (Cerlas) documentó que entre 2012 y 2018 hubo al menos 30 masacres en zonas mineras al sur de Venezuela. De 25 masacres se reportó el asesinato de 217 personas y en la mayoría de los casos se señala a los funcionaros de los cuerpos de seguridad como los responsables. Entre 2012 y 2021 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 151 reportes de desapariciones de personas en el estado Bolívar.
ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
