Un nuevo informe de Clima21 denuncia la gestión insostenible de la región y la aceleración de la desertificación del semiárido larense el cual está generando graves violaciones a los derechos humanos en la región.
La desertificación tiene graves consecuencias para las comunidades locales, incluyendo la falta de agua y alimentos, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra. El informe destaca que estos factores pueden promover el aumento de la pobreza y la migración de la población.
El estudio, analiza el impacto de la extracción de recursos naturales en el área semiárida del estado incluyendo la producción de carbón vegetal, producción de cocuy, artesanías de madera y extracción de sílice, así como su impacto sobre los derechos humanos de la población.
Los hallazgos principales de este trabajo son los siguientes:
- Aceleración de la desertificación en la región: Ello debido principalmente a la deforestación para la producción de carbón, cocuy y artesanías.
- Falta de criterios de sostenibilidad en la extracción de recursos naturales: La información disponible no respalda las afirmaciones de empresarios y funcionarios gubernamentales de que esta explotación se está realizando con criterios de sostenibilidad.
- Incumplimiento de las obligaciones del Estado: Principalmente las derivadas de las obligaciones en materia de conservación del ambiente y protección de los derechos humanos.
- Injusticia ambiental: Las comunidades más pobres están sufriendo el mayor impacto del deterioro ambiental, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
El informe insta al Estado venezolano a tomar medidas urgentes para abordar esta crisis, incluyendo:
- Declarar una emergencia ambiental en la zona.
- Eliminar el extractivismo de la política económica del Estado.
- Actualizar e implementar el Plan Nacional contra la Desertificación y la Sequía.
- Fortalecer las acciones necesarias para el cumplimiento del ODS15 y ODS13 referidas a desertificación y cambio climático.
- Adelantar investigaciones judiciales para establecer si se han cometido delitos ambientales.
- Establecer programas para generar medios de vida dignos para los pobladores locales.
- Fortalecer las instituciones de los organismos del Estado para la gestión de la desertificación.
- Promover la investigación científica en la zona.
- Garantizar el acceso a la información ambiental y firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú.
El informe completo está disponible para leer y bajar en español e inglés.
