Artículo tomado de Crónica Uno. Para ir a la fuente original, marcar aquí
Betania Franquis
El Gobierno de Nicolás Maduro aprobó 10 millones de dólares en 2022 para combatir el cambio climático, a través de charlas educativas y capacitaciones comunitarias. La sociedad civil pidió acceso libre a los resultados de esta inversión.
Carora. En los áridos terrenos del municipio Torres, en el estado Lara, al occidente de Venezuela, una tradición conservada por generaciones se pospuso por primera vez. Durante el mes de febrero pasado, los habitantes de ese sector no disfrutaron de los dulces y bebidas típicas elaboradas con maguey, una planta empleada desde la época colonial para estas preparaciones.
Los capullos del maguey florecieron dos meses después de lo esperado, en abril de 2024. Los campesinos del sector argumentan que algo extraño le ocurre a la tierra. Hay inundaciones repentinas, y luego sequía extrema. Los cultivos ya no crecen como solían hacerlo. Estos cambios sacuden las costumbres del pueblo y obligan a una generación de productores agrícolas a abandonar su terruño a causa de estas variaciones, que los especialistas atribuyen al cambio climático.
José González, de 36 años de edad y campesino desde la adolescencia, trabaja en Cunarigua, una de las pocas regiones donde aún se práctica la agricultura de tendero, que depende de los ciclos de lluvia para la siembra de frutas y hortalizas. Él ha sido testigo de cómo las alteraciones climáticas mermaron la producción y el equilibrio de los ecosistemas en los últimos años.
“Por la sequía, camino hasta tres kilómetros en busca de agua. El clima es errático y hasta las hojas de las plantas se queman. Esto está llevando a los campesinos a la ruina”, dijo González.
Según las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a las variaciones de la temperatura y cambios en los patrones climáticos de toda la tierra. Estos cambios impactan en el equilibrio de los ecosistemas, el desarrollo de las actividades económicas y, por ende, en el bienestar de la sociedad.
Si bien estas alteraciones en parte son naturales, por la acción solar o por erupciones volcánicas, actividades humanas como la minería, la explotación petrolera, la quema de combustibles fósiles o el venteo del gas —liberación a la atmósfera del gas natural asociado a la extracción de petróleo—, aceleran considerablemente estos cambios y sus efectos negativos sobre el planeta.
Desde diciembre de 2023 unas 61.000 hectáreas en el país han sido afectadas por incendios que los especialistas atribuyen, en parte, al clima seco generado por el calentamiento global y también a la acción del hombre.
Solo entre enero y febrero de 2024, el Observatorio Terrestre de la Nasa (Modis) detectó 9000 incidentes ocurridos en importantes reservas forestales y parques nacionales de los estados Zulia, Bolívar, Aragua, Monagas y Anzoátegui.
Debido a estos fenómenos que ocurren a escala global, la mayoría de los gobiernos del mundo se han comprometido a identificar los riesgos y tomar acciones.
En cuanto a los acuerdos internacionales, por ejemplo, el Estado venezolano ratificó la Convención de Cambio Climático ante las Naciones Unidas a principio de los años noventa. Luego, en 2015, suscribió el Acuerdo de París, un tratado en el que los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que influyen en el aumento de las temperaturas.
Sobre las políticas locales, el Gobierno de Hugo Chávez acordó en 2009 diseñar y ejecutar un Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático. Este objetivo debía cumplirse en un plazo máximo de un año, según consta en el artículo 62 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Sin embargo, a 15 años de entrar en vigencia esta ley, hay poca información disponible sobre si se cumplió lo establecido y sus resultados.
En el año 2017 el Estado reconoció ante la ONU en la Segunda Comunicación emitida por Venezuela ante el cambio climático, la existencia de trabas que dificultaban la implementación de un plan nacional sectorizado. Describieron entre los obstáculos aspectos relacionados a “la institucionalidad, la frecuencia en la elaboración de los inventarios, la disponibilidad de información y las capacidades técnicas nacionales”.
Cinco años más tarde, en 2022, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció una serie de acciones para frenar los fenómenos atmosféricos perjudiciales. Creó un Observatorio contra la Crisis Climática y aprobó un fondo de 10 millones de dólares para financiar proyectos y planes de adaptación.
En respuesta a una solicitud de información realizada por Crónica.Uno el 20 de marzo pasado, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) detalló que para la fecha ejecutan ocho proyectos de mitigación y adaptación en cuatro regiones del territorio nacional: Central, Los Andes, Nororiental y Centro-Occidental.
Especialistas consultados para este reportaje coincidieron en que, para abril de 2024, no existen mecanismos de difusión de los resultados de estos planes anunciados por el Gobierno nacional. Sugirieron al Ejecutivo la implementación de una política consensuada y transparente en articulación con el sector privado, científico y miembros de la sociedad civil.
Crisis climática en aumento
El campesino José González contó que en el municipio Torres los cambios climáticos se hicieron evidentes desde el 2010, con los primeros torrenciales que afectaron las cosechas dependientes de las bajas temperaturas para activar sus ciclos productivos. Desde entonces los fenómenos atmosféricos fueron cada vez más extremos hasta alcanzar temperaturas tan altas que socavaron la riqueza forestal de la zona.
“En la sabana de Carora hay un avance grande de los micro desiertos que han ido comiéndose a la vegetación nativa”, expresó.
Los productores aseguran que la sequía les impide recolectar el agua para mantener la producción, por lo que deben caminar largos trayectos o emplear cisternas. Esa situación ha orillado a varias familias originarias de Tunalito y El Algodonal, en el estado Lara, a migrar para arrendar tierras y sobrevivir.
Las consecuencias de este tipo de eventos en el clima y los ecosistemas son progresivos. La Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas de Venezuela (Acifiman) advirtió en 2018 cómo la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperaturas en el país reducirían los rendimientos de los principales cultivos. Alertaron, además, que las condiciones climáticas futuras incrementarían la vulnerabilidad de los suelos agrícolas a la desertificación y su degradación.
Alejandro Alvarez, director de la organización Clima21, explicó que las hipótesis manejadas por la comunidad científica apuntan a que el cambio climático podría estar relacionado con los fenómenos meteorológicos conocidos como El Niño y La Niña. También con las sequías registradas en el norte del país, en la zona de La Guajira, hacia la península de Araya y de otros estados como Nueva Esparta. “Los pozos de agua de Falcón están bajo estudio porque se están salinizando y no se sabe de dónde viene esa sal”, dijo.
Para disminuir estos efectos en las regiones agrícolas, la comunidad científica recomendó al Ejecutivo en 2018 desarrollar programas para fomentar los sistemas de uso y manejo de la tierra, así como crear grupos de investigación interinstitucionales para el estudio de los ecosistemas terrestres. Ambas acciones estaban contempladas en el plan nacional de adaptación que el Estado se comprometió a diseñar y ejecutar en 2009.
De vuelta a 2022, unos meses después de que Nicolás Maduro creara el Observatorio contra la Crisis Climática, ente adscrito al Minec, su director Franklin Leal aseguró que el organismo “estaba enfocado en desarrollar los planes de adaptación, y ubicar las zonas y estados más vulnerables para generar los proyectos de mitigación”.
El Minec dijo a Crónica.Uno, en una comunicación enviada por correo, que los sectores más vulnerables al cambio climático que habían identificado eran las cuencas hidrográficas de los ríos Caroní, Yaracuy, Aroa y Tocuyo y los sectores agrícolas conformados por los estados Portuguesa, Barinas y Apure.
El ente también precisó que desarrolla ocho estrategias de mitigación y adaptación en cuatro regiones del territorio nacional: Central, Los Andes, Nororiental y Centro-Occidental.
Estas acciones incluyen brigadas ambientales, programas de sensibilización y zonificación de escenarios de riesgo. Y también el desarrollo de proyectos de investigación financiados a través del Sistema de Gestión de Programas contra la Crisis Climática (Sigeprocc), con un presupuesto aprobado de 10 millones de dólares.
Al respecto, el ambientalista Alejandro Álvarez puntualizó que no existen resultados disponibles para la consulta pública sobre la ejecución de estos proyectos.
“Este tipo de actividades no forman parte de una política sistemática de adaptación al cambio climático, y por otra parte, algunos de los documentos presentados por el Estado ante organismos internacionales no son de dominio público”, señaló.
El experto insistió en que un plan nacional de adaptación contra la crisis climática es un documento complejo que debe ser diseñado mediante un proceso de consulta nacional a todos los sectores del país: sociales, económicos, comunicacionales, académicos, científicos, etc.
En el diseño de este tipo de políticas —enfatizó Álvarez— es fundamental identificar las vulnerabilidades de cada región para implementar planes estatales y municipales dirigidos a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura en el planeta.
Venezuela sofocada por el calor
De acuerdo con la Fundación Internacional Aquae, los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos que se aglomeran en la atmósfera de la tierra, absorben la energía infrarroja del sol y retienen el calor. Esto causa el incremento de la temperatura en la tierra y en consecuencia el calentamiento global.
Aunque Venezuela emite una cantidad muy inferior de estos gases a comparación de otras naciones como China o Estados Unidos, no hay cifras oficiales actualizadas. El último dato lo ofreció el presidente Nicolás Maduro durante la Cumbre del Clima número 27 de la ONU celebrada en 2022. En su discurso de presentación el mandatario aseguró que el país era responsable de menos del 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
Álvarez explicó que aunque la contribución de Venezuela es baja, cobra relevancia por tratarse de un país petrolero.
La Acifiman en su informe Lineamientos y estrategias transversales y sectoriales para enfrentar el cambio climático publicado en 2018, recomendaba la puesta en práctica de regulaciones para minimizar el venteo y quema del gas. Solicitaba a los entes competentes el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos de la industria petrolera, gasífera, carbonífera y eléctrica.
Para cumplir con parte de ese compromiso, en mayo de 2022 Nicolás Maduro aprobó un fondo rotatorio para financiar políticas orientadas a atacar la crisis ambiental en todo el país.
Unos meses después anunció el lanzamiento de un Plan de Gestión de Riesgo con 20.000 funcionarios de Protección Civil y bomberos desplegados por los estados Zulia, Trujillo, Mérida, Lara, Anzoátegui, Carabobo, Táchira, Distrito Capital y Aragua para auxiliar a las víctimas de las lluvias.
Sin embargo, una revisión de las políticas locales en los estados Zulia, Falcón, Monagas, Barinas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, encontró que las acciones implementadas por las autoridades no logran frenar el avance del cambio climático en las comunidades más vulnerables.
En Guanta, estado Anzoátegui, los pobladores reportan que una nube de polvo generada por la fabricación industrial de cemento ensombrece la zona de Isla de Plata. Las acciones del Minec han consistido en impartir charlas de concienciación a las comunidades Montones y El Muro acerca de las inundaciones, los incendios y la contaminación.
En las áreas protegidas, la sequía y el calor son un tándem fatal para los ecosistemas. En el parque Nacional Henry Pittier, estado Aragua, la gobernación activó un plan de cortafuego mecanizado para preservar 107.000 hectáreas de pulmón vegetal ante la propagación de los incendios.
La implementación de estos dispositivos abarcó la serranía Las Delicias, al norte de Maracay y los sectores Mata Seca, La Placera, Las Cocuizas, Palmarito y la microcuenca forestal de El Limón. Sin embargo, organizaciones ecologistas reiteraron que estas medidas no solucionan el problema, debido a que las quemas son provocadas y no hay sanciones severas.
La deforestación es otro de los factores que calienta la tierra y vulnera el equilibrio ecológico. En Falcón un funcionario del Minec, que prefirió no ser identificado, explicó que el ente trabaja en un proyecto piloto para restaurar el ecosistema del bosque manglar en el Parque Nacional Morrocoy.
Agregó que no se le brinda la misma atención a los casos de deforestación ocurridos en el sector Sur de la Sierra. Algo similar ocurre en el estado La Guaira debido a la falta de políticas para enfrentar el cambio climático. “Acá todo se concentra para el show turístico de las playas en las temporadas de asueto”, declaró una fuente extraoficial al equipo de Crónica.Uno.
Pese a que no figura entre los primeros puestos, en Carabobo las áreas verdes también arden. Varias ONG han denunciado el efecto nocivo de los incendios forestales en el cerro El Café, un bosque de pinos proclive a quemarse por las altas temperaturas.
Los ambientalistas atribuyen el secado del dique de Guataparo a la sequía y el intenso calor. Pero las autoridades no han destacado estos problemas. En su lugar, el gobernador Rafael Lacava, anunció la creación de 350 brigadistas y “dracuguardianes” ambientales, de los cuales 72 están instalados en Puerto Cabello.
Estas acciones también se replicaron en el estado Monagas con la juramentación de 40 brigadistas contra la crisis climática. La alcaldía de Maturín y la Gobernación informaron en marzo de 2024 que la temperatura durante la última década incrementó 0.5 % solo en esa ciudad, debido al calentamiento global.
Gestión de riesgo a destiempo
Alejandro Luy, director de la organización Tierra Viva, indicó que las temperaturas y las sequías que ocurren en el mundo seguirán en aumento y Venezuela no será la excepción a estos cambios.
El ambientalista resaltó la necesidad de tomar medidas preventivas enfocadas en proteger las cuencas hidrográficas para garantizar un mayor acceso al agua.
“La mayor evidencia del cambio climático es la pérdida de los glaciares en nuestros Andes. Teníamos cinco y ahora nos queda solo uno”, enfatizó.
En el estado Bolívar, la gobernación anunció un plan para la gestión de la cuenca del río Caroní y la preservación de la diversidad biológica. La necesidad de proteger estos ecosistemas surge en respuesta a los incendios forestales que han asolado varias hectáreas de vegetación dentro de las áreas del parque Nacional Canaima del municipio Gran Sabana durante el mes de marzo.
Hacia el occidente del país, en el estado Zulia, los ciudadanos padecen los estragos de la ola de calor con temperaturas que alcanzan los 40 grados. José Pérez, presidente del Instituto Municipal del Ambiente de Maracaibo, argumentó que los planes para atacar la crisis climática consisten en reducir, reciclar y reusar parte de los desechos y concienciar a las comunidades sobre la importancia de resguardarse del sol.
En julio de 2023 el gobernador de esa entidad, Manuel Rosales, firmó un acuerdo para el diseño de un plan de mitigación y prevención en materia ambiental.
En el estado Barinas el director de gestión de riesgos de Protección Civil, Freddy Mirabal, aseguró a Crónica.Uno que en casas y edificios se realizan inspecciones de evaluación de riesgos y que las acciones de mitigación consisten en impartir charlas en las regiones vulnerables. Sin embargo, hasta el momento la Gobernación no ha ejecutado ninguna campaña sobre el cambio climático y sus efectos en esa área.
En el oriente del país, hacia el estado Sucre, la dirección de Protección Civil adelanta la identificación de los sectores en riesgo ante la crisis climática y ofrece capacitaciones escolares y comunitarias. Pero de acuerdo con los pobladores el alcance de estas iniciativas es limitado por factores de logística como falta de transporte, gasolina, e incentivos de alimentación para los empleados públicos involucrados.
Un documento de las Naciones Unidas sobre la gestión de riesgo señala que “la exposición a riesgos relacionados con el clima, sumada a las condiciones de vulnerabilidad y capacidad insuficiente para reducir o responder a sus consecuencias, causan graves desastres y pérdidas”.
A juicio de Emiliano Terán Mantovani, coordinador del Observatorio Venezolano de Ecología Política, la gestión de los riesgos incluidos en el plan de adaptación debe ejecutarse a través de una política preventiva de reasentamiento poblacional. Esta medida es a largo plazo y permite reubicar a las familias en sitios seguros ante posibles derrumbes e inundaciones.
“También debe hacerse seguimiento a los eventos climáticos de diversos tipos, con alertas tempranas desde instituciones de monitoreo para hacer una recolección de datos”, detalló.
En Táchira funcionarios de Protección Civil identificaron 14 comunidades en riesgo ante el período de lluvias. La inestabilidad atmosférica y las temperaturas superiores a los 30 grados han producido numerosos incendios en la ciudad de San Cristóbal y enfermedades respiratorias a sus habitantes. No obstante, hasta ahora la gobernación no dispone de un plan de mitigación ante las sequías e inundaciones.
Terán Mantovani apuntó que ante esta contingencia Venezuela debe asumir los daños que están por venir, y prepararse con educación ambiental y un plan de gestión de aguas que vaya desde lo local a lo nacional.
Mientras tanto, en el municipio Torres del estado Lara, José González se replantea la posibilidad de abandonar la tierra que sus antepasados labraron por generaciones desde el año 1.700. Pero aún no se decide. Siente que tiene mucho que hacer en su tierra, aunque sabe que su medio de subsistencia se agota cada día.
