Un reciente informe de UNICEF y CEPAL revela una alarmante realidad: más de 94 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en América Latina. Si no se toman medidas urgentes frente al cambio climático, esta cifra podría aumentar en 17,9 millones para el año 2030.
El estudio plantea tres posibles escenarios futuros, que dependen de las políticas y acciones que comiencen a aplicarse para actuar frente al cambio climático:
- Políticas que establezcan una acción climática robusta y ambiciosa: Aun con esas políticas la pobreza infantil crecería en 5,9 millones.
- Continuidad de políticas actuales: La cifra se elevaría a 9,9 millones.
- Inacción climática: El impacto sería devastador, con más de 17,9 millones de nuevos casos.
Ello implica que incluso en el mejor escenario, millones de niños se verán afectados y se necesitará un esfuerzo aún mayor a lo planteado hasta este momento.
Por ello, el informe recomienda:
- Fortalecer los sistemas de protección social ante eventos climáticos.
- Financiar acciones climáticas centradas en la infancia.
- Promover la educación ambiental y la participación juvenil.
- Implementar políticas adaptativas y respuestas a emergencias con enfoque centrado en la infancia.
¿Y Venezuela?
Según un informe de Clima21, la situación en Venezuela es especialmente crítica. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) de este país enfrentan ya múltiples riesgos, los cuales serán agravados por el cambio climático. Ello en un contexto de inacción estatal.
Las principales amenazas existentes incluyen:
- Extensas zonas con alta vulnerabilidad climática.
- Aumento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil.
- Mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el clima.
- Acceso limitado a agua potable y saneamiento.
- Ausencia de políticas públicas de protección climática.
¿Qué podemos hacer?
La sociedad civil venezolana tiene la capacidad —y la responsabilidad— de exigir cambios y promover acciones que fortalezcan la resiliencia de la infancia. Algunas prioridades incluyen:
- Impulsar políticas ambientales basadas en el interés superior del niño.
- Fomentar redes comunitarias para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los efectos del cambio climático.
- Desarrollar programas educativos que fortalezcan la resiliencia climática infantil.
- Promover el liderazgo juvenil en temas ambientales.
Este último punto es clave: la participación activa de niños, niñas y jóvenes puede generar transformaciones profundas, tanto en sus comunidades como en las políticas públicas.
Desde Clima21, hacemos un llamado a sumar esfuerzos para proteger a la infancia frente a los impactos del cambio climático. Actuar ahora es un imperativo ético. Nuestros niños y niñas no pueden esperar.