El foro “El clima que vivimos”, organizado por Clima21, reunió a comunicadores y activistas para discutir cómo las comunidades responden a desafíos como altas temperaturas, escasez de agua, y alteraciones en los ecosistemas, lo que a su vez produce un “éxodo silencioso” y una migración forzada por razones ambientales
El planeta está experimentando récords climáticos anuales, con aumento de temperaturas, sequías, incendios, huracanes y propagación de enfermedades. A pesar de que estas situaciones causan más víctimas y daños que los conflictos armados, reciben menor interés mediático y político. En Venezuela, aunque no es la excepción, la ciudadanía parece estar excluida de esta discusión, con escasa información sobre la relevancia de cumbres como la COP30 y el compromiso del Estado.
En el foro “El Clima que Vivimos: Respuestas Comunitarias y Territoriales en Venezuela”, organizado por Clima21, comunicadores y activistas se reunieron para discutir los profundos impactos del cambio climático en Venezuela y las estrategias de resiliencia que están emergiendo desde las comunidades. El evento realizado el 19 de noviembre, y el primero de una serie de foros, buscó ofrecer una ventana a realidades a menudo ocultas y posibles soluciones a lo largo del territorio.
Un éxodo silencioso impulsado por la crisis ambiental
Liliana Rivas, periodista e investigadora del proyecto “Destierro Climático, nuevas migraciones venezolanas”, expuso que el cambio climático añade una nueva y difícil variante a la migración humana en el país, especialmente debido a la pérdida de territorio en las costas marinas y lagunares.
Rivas presentó hallazgos alarmantes sobre las pérdidas de la línea costera en Anzoátegui y la desaparición progresiva de la Laguna de Sinamaica, en el estado Zulia:
“Dentro de aproximadamente 10 años todo lo que es la costa de Boca de Uchire-Unare se la va a ‘comer el mar’ y esto no solo responde al aumento del nivel del mar, sino a otros procesos de erosión,” advirtió.
Sobre Sinamaica, explicó que la laguna ha reducido su área en casi 60 % en 30 años, un proceso agravado por la minería en las cabeceras de los ríos y el aumento de temperaturas: “Al sedimentarse, básicamente la laguna va desapareciendo y van creciendo manglares… realmente, se están comiendo la laguna.” Este proceso va obligando a las comunidades laguneras que dependían de sus recursos a emigrar y perder su cultura y medios de vida.
La investigación coordinada por Rivas también aborda aspectos de la salud mental como consecuencia de los daños generados por eventos meteorológicos extremos que afectan de manera grave a las familias. Entre los hallazgos, detectaron que la pérdida de hogares debido a fenómenos como el Huracán Beryl de 2024 que afectó a la población de Cumanacoa en el estado Sucre, ha generado casos de depresión entre los afectados.
Saberes Indígenas frente al cambio climático
Desde la cuenca del Caura, en el estado Bolívar, Higinio Montiel, vicecoordinador de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani (pueblos Ye’kwana-Sanema), describió los impactos directos en los territorios ancestrales: “el tiempo de verano y de invierno ha cambiado, las cosechas se pierden y el agua potable escasea”.
En la región, se ha reportado la aparición de peces muertos en el río, y las siembras en los conucos “que no dan fruto ni cosecha”, generando un impacto directo a la seguridad alimentaria de esas comunidades. Asimismo, aseveró que el sabor del agua se ha vuelto amargo en sectores del bajo Caura. Estas situaciones se complican debido a la presencia de minería ilegal que genera daño ambiental sobre los bosques y las aguas del río.
Montiel destacó que la resiliencia pasa por la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección de las prácticas agrícolas ancestrales.
“Para nosotros mantener la calidad y la cantidad del agua es vital para poder seguir existiendo. También hay que cuidar y manejar los suelos fértiles aptos para el conuco para la continuidad de nuestra seguridad alimentaria,” afirmó.
Para lograr estos objetivos las comunidades están buscando mantener una estricta conservación de sus recursos (agua, suelos, peces y mamíferos comestibles) mediante el respeto a sus normas ancestrales y un categórico rechazo a la minería.
En la Guajira venezolana ya experimentan desplazamiento climático y erosión costera
La periodista Rosmina Suárez, que investiga sobre impactos del cambio climático en Venezuela, puso el foco en la vulnerabilidad de las comunidades wayúu de la región Guajira venezolana, en el estado Zulia, donde la escasez de agua, la sequía y los primeros signos de erosión costera ya han desplazado a unas siete familias en comunidades como Caño Sagua y Los Aceitunitos.
Suárez también recalcó que estos movimientos migratorios forzados, las personas no solo pierden sus hogares sino también sus modos de vida y cultura.
Estos desplazamientos están invisibilizados ya que no hay registros oficiales sobre ellos. “Únicamente los líderes indígenas locales se han dado a la tarea de anotar cada uno.”
Asimismo, destacó el impacto diferenciado del cambio climático y el deterioro ambiental en las mujeres y niñas wayúu, las cuales, estas situaciones las hace vulnerables a enfermedades infecciosas debido a la escasez y baja calidad del agua para el aseo íntimo, así como dolencias como el cáncer de cuello uterino, debido a la necesidad de cargar pesadas recipientes de agua, a veces desde varios kilómetros de sus comunidades.
A pesar de los desafíos, las comunidades wayúu han desarrollado estrategias de resiliencia, incluyendo la gestión del agua, mediante la construcción de pozos artesanales, el pastoreo nómada y la búsqueda de semillas resistentes a la sequía. Y concluyó resaltando que el conocimiento ancestral juega un papel imprescindible en la inculcación del cuidado ambiental a las nuevas generaciones y en la organización comunitaria en el contexto del cambio climático.
Una reforestación necesaria y urgente
El ecologista Argenis Rojas, de Fuerza Ecológica de Calabozo (FECOLCA) del estado Guárico, centró su intervención en el grave impacto ambiental provocado por el mal manejo de recursos hídricos y la agroindustria, especialmente alrededor de la cuenca del Río Guárico.
Rojas criticó que la creación de la represa del río Guárico, en los años 50 del siglo pasado, causó la inmersión de más de 23.000 hectáreas de bosque y la posterior deforestación de otras 60.000 hectáreas para la agricultura, rompiendo el vínculo vital entre el agua, el bosque y la biodiversidad; y advirtió sobre las graves consecuencias de esta destrucción: “Si no tenemos agua, no tenemos bosque. Si no tenemos bosque, no tenemos biodiversidad. Esto es sumamente grave”.
Además, alertó sobre la contaminación que recibe el río y, de forma contundente, señaló el alto costo ambiental del cultivo de arroz, ya que no solo consume cantidades masivas de agua (18.000 metros cúbicos sobre hectáreas) sino que también emite gas metano (CH4), un potente gas de efecto invernadero que agrava el calentamiento y las altas temperaturas en la región.
Ante esta situación, Rojas propuso la necesidad urgente de una política nacional de reforestación para mitigar el calor extremo y combatir la degradación ambiental. Denunció que el calor que azota el Llano es una consecuencia directa de la falta de “conciencia” y la ausencia de una política gubernamental para plantar y multiplicar árboles.
“¿A qué se debe esta temperatura? ¿A qué se debe el calor? ¿A la falta de qué? A que nosotros no hemos tenido una política ni una conciencia, ni los gobiernos tampoco, de que tenemos que plantar árboles, tenemos que multiplicar los árboles”, recalcó.
El foro concluyó con un llamado unánime a reconocer la crisis ecológica como una realidad nacional que exige una respuesta inmediata y coordinada más allá del ámbito gubernamental. Los expertos coincidieron en la necesidad urgente de extender puentes entre diferentes actores —científicos, comunidades, periodistas y sociedad civil— para impulsar la acción climática y garantizar que el conocimiento ancestral y territorial guíe las soluciones.
Clima21 reafirmó su compromiso de seguir investigando y educando sobre los impactos diferenciados del cambio climático, sobre los grupos vulnerables, con el objetivo de elevar la conciencia pública y realizar acciones de incidencia para incorporar el enfoque de derechos en cualquier estrategia futura de adaptación nacional.
