La crisis ambiental en Venezuela se ha convertido en un problema silencioso, marcado por la falta de información oficial, la expansión de la minería y el deterioro de ecosistemas clave. En este escenario, la organización Clima 21 trabaja desde hace seis años en territorio para documentar los impactos, acompañar a comunidades y abrir un espacio de diálogo ciudadano sobre el cambio climático.
Tomado de la página web de Amnistía Internacional
Por: Tatiana Cubillos
La crisis climática y ambiental en Venezuela avanza en medio de una notoria falta de información oficial y la expansión de actividades extractivas, pero también encuentra respuesta en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como Clima21, que desde hace seis años acompaña a comunidades vulnerables en la construcción de soluciones sostenibles y en la defensa de sus derechos.
“En Venezuela no existe un sistema de datos públicos sobre deforestación, contaminación o emergencias ambientales, lo que dificulta dimensionar el problema y responder con políticas efectivas”, explicó a Amnistía Internacional Venezuela un activista de la organización. Ante ese vacío, Clima 21 se ha dedicado a levantar información en campo y a establecer vínculos entre la situación ambiental y los derechos humanos.
Sus investigaciones han registrado más de 18.000 casos relacionados con derrames petroleros, contaminación por mercurio en la Amazonía, deforestación acelerada y afectaciones a comunidades indígenas. Estos reportes, elaborados junto a líderes locales, no solo buscan visibilizar los impactos, sino también fortalecer la capacidad de respuesta de quienes viven en los territorios más golpeados.
Un ejemplo de este trabajo se desarrolla en el estado Bolívar, donde la organización ha acompañado a comunidades en la creación de huertos familiares y en programas para reducir la exposición al mercurio. “Son experiencias que demuestran que, incluso en medio de una crisis compleja, las comunidades pueden generar alternativas viables para su sustento y su salud”, señaló el activista.
El panorama sigue siendo desafiante. El Arco Minero del Orinoco, concebido por el Gobierno como un proyecto de desarrollo, ha transformado extensas áreas de la Amazonía en un territorio marcado por la minería descontrolada. A ello se suma el deterioro de las costas, con derrames de crudo que han dejado “zonas de daño extraordinariamente grandes” en el Lago de Maracaibo y otros ecosistemas marinos.
Además, Venezuela es el único país de Sudamérica que carece de un plan nacional de adaptación al cambio climático, lo que deja a miles de familias expuestas a inundaciones y sequías sin una estrategia oficial de protección. Según cálculos de Clima21, entre medio millón y un millón de personas resultaron afectadas durante la última temporada de lluvias.
Aun así, el esfuerzo de las comunidades apoyadas por la ONG muestra un camino distinto. “No se trata solo de señalar lo que no funciona, sino de demostrar que existen alternativas desde lo local”, subrayó el representante de la organización, que insiste en la importancia de articular redes de solidaridad y cooperación con actores de la sociedad civil dentro y fuera del país.
En su visión, la acción ciudadana es clave para enfrentar la crisis ambiental. “La gente no tiene que ser experta en cambio climático para opinar y exigir medidas. Los grandes cambios no los hacen los gobiernos en solitario, sino las personas y las organizaciones que creen que otro futuro es posible”.
Con este enfoque, Clima21 busca abrir una conversación que conecte la defensa del ambiente con la vida cotidiana de las comunidades. La organización apuesta por ampliar sus alianzas con actores de otros países de la región, convencida de que los desafíos climáticos no reconocen fronteras. “Los problemas ambientales que hoy afectan a Venezuela también golpean a América Latina; las soluciones deben construirse de manera colectiva”, concluyó el activista.
