La oenegé Clima21 exige a la Fiscalía General de Venezuela que inicie averiguaciones imparciales que permitan identificar y sancionar de acuerdo a la Ley Penal Ambiental a promotores, asistentes y funcionarios vinculados con la fiesta que ocurrió en la cima del tepuy Kusari, dentro del Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar.
“El Parque Nacional Canaima viene sufriendo un proceso de degradación grave y creciente, por una parte, debido a la explotación ilegal de oro, y por otra parte, por el impacto de actividades turísticas realizadas sin planificación técnica y aparentemente sin ningún control ni supervisión por parte de las autoridades competentes”, manifestó la organización a través de un comunicado emitido este lunes.
El pronunciamiento se debe a que Rafael Oliveros, director del Campamento Canaima, celebró su cumpleaños el viernes 4 de febrero con una fiesta privada en la cima del tepuy Kusari (cerro Venado). La celebración contó con la presencia de personalidades como Osmel Sousa, Aura Marina Hernández, Titina Penzini y otros invitados vinculados con el régimen de Nicolás Maduro, que llegaron a la fiesta en al menos nueve vuelos en helicóptero.
El hecho se hizo tendencia en Venezuela por más de tres días y provocó el rechazo de organizaciones protectoras del ambiente, y demás miembros de la sociedad civil, porque implicó la instalación de un campamento temporal además de que se vertió arena para una fogata circular en el terreno de ecosistema frágil y de difícil recuperación.
Alí Padrón, ministro de Turismo anunció vía redes sociales la apertura de un proceso sancionatorio contra Rafael Oliveros. Días antes, el fiscal general Tareck William Saab también anunció que se abriría una investigación sobre los daños causados. Ninguno se pronunció sobre la minería ilegal que también destruye el parque.
Organizaciones como SOS Orinoco explicaron que tal evento infringe principalmente los artículos 19 y 20 del Reglamento 276 sobre la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, referentes a las actividades prohibidas y restringidas dentro de ecosistemas frágiles como Canaima.
Clima21 puntualizó que el Estado venezolano está obligado a proteger las áreas de especial importancia ecológica como Canaima, pero que, en lugar de hacerlo, promueve un turismo insostenible que, junto a la minería ilegal, amenaza con destruir las áreas naturales protegidas.
La celebración en la cima del tepuy infringió además la Ley de Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales de 1989.
La organización destacó que los tepuyes y otras formaciones geológicas ubicadas en el Parque Nacional Canaima son lugares sagrados para el pueblo pemón y como tal merecen respeto y consideración.
Exhortaciones a la UNESCO y a relatores especiales
Clima21 solicitó a la UNESCO iniciar una investigación sobre el estado actual del Parque Nacional Canaima que de acuerdo con SOS Orinoco ya tiene 1.033 hectáreas de territorio intervenidas por la minería ilegal.
Pidió que, de manera urgente, emita recomendaciones al Estado venezolano para garantizar la conservación del espacio natural que, además, es Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
En el mismo sentido, Clima21 hizo un llamado al relator especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente y al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “para que hagan las investigaciones pertinentes y adelanten acciones según sus mandatos con el fin expreso que no se repitan acciones como las aquí mencionadas; así como instar a que el Gobierno de Venezuela cumpla con sus obligaciones en materia de conservación del medio ambiente, en tanto que el mismo constituye un elemento fundamental para el logro de una vida digna para todos los venezolanos”, versa el documento.
La organización también insta a la sociedad civil a monitorear permanentemente la situación de la conservación de áreas naturales protegidas para documentar, divulgar y sancionar todo acto que provoque el deterioro y contaminación de estos espacios. “Por cuanto esos procesos de afectación acaban por convertirse en violaciones a los derechos humanos de la población actual y futura”, señala la organización.
El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) también emitió un pronunciamiento al respecto, destacó que urge repensar las áreas naturales protegidas del país en el contexto de los nuevos derechos humanos emergentes.
Destacó que el pueblo indígena pemón kamarakoto se está organizando para comenzar a debatir el plan de ordenamiento y reglamento de uso del Parque Nacional Canaima desde la cosmovisión, usos y costumbres indígenas.
“¿Estará la Unesco, organizaciones ambientales, y operadores turísticos junto al Estado venezolano dispuestos a apoyar procesos de empoderamiento desde las comunidades indígenas para avanzar en la urgente tarea de reconocer la doble condición -natural y cultural- del Parque Nacional Canaima?”, se pregunta la organización.
