Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un ambiente limpio, saludable y sustentable, al agua y al saneamiento y a un clima seguro.

Por ello, los Estados deben esforzarse hasta el máximo de sus posibilidades para hacer efectivos estos derechos para todos los ciudadanos.

En Venezuela, la situación ambiental es grave y parece que algunos aspectos tienden a empeorar de manera rápida y sin control.

Distintas instituciones y organizaciones han podido documentar situaciones tales como:

• La destrucción de la Amazonía venezolana por la minería ilegal de oro, incluyendo la contaminación masiva de los ríos por el uso del mercurio;
• El grave deterioro del ecosistema del Lago de Maracaibo producto de los derrames petroleros, el vertido de aguas no tratadas y la deforestación y degradación de sus cuencas;
• La deforestación, incluso en zonas críticas tales como cuencas productoras de agua, zonas de riesgo de desastres socionaturales y ecosistemas muy sensibles como el semiárido larense y cimas de tepuyes.
• La ausencia de políticas para la protección de los ciudadanos de los efectos del cambio climático;
• La contaminación de los cuerpos de agua, incluso aquellos usados para el consumo humano;
• El negocio millonario del tráfico ilegal de especies tanto terrestres como acuáticas.
• El deterioro muy grave de las zonas y ecosistemas costeros.
• La ausencia de políticas y acciones para mejorar la sostenibilidad ambiental de las ciudades.

A ello se une, la denegación de los derechos al acceso a la información, participación y la justicia, así como la creciente violencia y amenazas sobre los defensores de derechos humanos ambientales, principalmente miembros de comunidades indígenas.

Estas situaciones están afectando gravemente a las personas, pero principalmente a las personas más vulnerables en los territorios más afectados.

Cambiar estas situaciones es una obligación del Estado venezolano y un derecho de todos los venezolanos.