Necesitamos entender cuáles son los impactos del extractivismo minero y petrolero tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Por ello estamos mostrando artículos publicados que nos permiten avanzar en esa discusión de tal manera de construir alternativas de futuro verdaderamente sostenible para Venezuela.
Tomado El País de España. Para a la fuente original marcar aquí
María Laura Rojas
Primero fue el oro, luego el caucho y después el petróleo. Ahora es importante que la transición energética y las energías renovables no repitan las dinámicas del pasado.
Durante siglos, Latinoamérica ha sufrido la explotación indiscriminada de sus recursos naturales para ser exportados como materias primas que han impulsado sobre todo el desarrollo económico de países industrializados. Esta explotación, acompañada de prácticas sistemáticas de despojo de tierras, ha dejado graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para la región. En el siglo XV, los barcos europeos llegaron en busca de oro para financiar el progreso de los colonizadores; en el siglo XIX, la fiebre del caucho esclavizó brutalmente a las comunidades indígenas de la Amazonia; y en el siglo pasado, la economía fósil replicó el modelo extractivista e hizo a muchos de nuestros países dependientes económicamente de hidrocarburos como el petróleo, y minerales como el carbón.
Pero la dependencia no termina ahí. Mientras los países productores exportaban combustibles fósiles, la mayoría volviéndose dependientes de los ingresos fiscales asociados, la economía mundial por su parte se hizo cada vez más dependiente de su uso como fuente fundamental de energía para la industria, el transporte, el consumo doméstico, y como base en la producción de plásticos y químicos. La demanda de estos productos y sus materias primas impulsa un modelo de explotación desmedida de los recursos naturales que han dejado al mundo al borde del colapso.
Cambiar este modelo económico es el principal reto que enfrentan hoy los países para limitar el aumento de la temperatura promedio global a máximo 1,5°C, y a la vez fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades frente a los impactos presentes y futuros de un clima cambiante. La respuesta, en buena medida, está en lograr una transición energética justa. Y para ello, Latinoamérica tiene un rol fundamental que debe jugar estratégicamente con miras a garantizar que esta transición sea planeada, justa y que traiga a la región beneficios distribuidos con base en la equidad.
Latinoamérica ya es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático; y de allí proviene la tendencia regional de aumentar su compromiso climático en muchos de sus países. Sin este grado de ambición, sería imposible lograr las metas del Acuerdo de París y evitar perder nuestra riqueza natural por las presiones generadas por el mercado internacional. El reto como región no es menor. No podemos permitir que la historia se repita y sigamos condenados a una economía extractivista. La urgencia no puede llevarnos a tomar decisiones a la ligera y dejar vacíos que le pasen facturas más grandes a las próximas generaciones.
La mayoría de los países de América Latina tiene una participación de más del 30% de energías renovables en la matriz de energía primaria, y 60% en la matriz eléctrica. Es decir, tenemos un punto de partida más favorable que el de otras regiones para lograr una generación eléctrica basada 100% en renovables. Además, la región tiene una ubicación estratégica con condiciones climáticas favorables para generar energía a partir de fuentes como la energía eólica y la solar. Según el informe de Renovables 2022, de la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la capacidad instalada de generación de energía renovable no convencional en Latinoamérica aumente un 45% (+130 GW) en 2027.
Pero, no es el único potencial. La región cuenta con importantes reservas de zinc, cobre, cobalto y litio, entre otros minerales estratégicos, que son necesarios para la producción de tecnologías que permitan generar, distribuir, almacenar y usar la energía proveniente de fuentes no convencionales. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía un escenario de transición, alineado con los objetivos del Acuerdo de París de cambio climático implicaría un aumento en la demanda de litio de unas 42 veces; y la de cobalto y grafito se incrementaría más de 20 veces comparadas con datos de 2020. La forma en que la región decida posicionarse ante la necesidad de estos minerales determinará el modelo económico y de desarrollo para su extracción y comercialización.
Sería un error desaprovechar el potencial que tiene la región para generar, incluso para exportar energía renovable a partir de fuentes no convencionales, pero sería una catástrofe aprovecharlo de manera no planeada y sin establecer unos límites que nos permitan proteger a nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra biodiversidad en medio de la transición.
Ni los proyectos de energías renovables ni la extracción de minerales necesarios para la transición están exentos de impactos. Frente a la implementación de renovables, por ejemplo, en Colombia ya se presentan conflictos entre comunidades indígenas, empresas y el Gobierno por el uso y tenencia de la tierra que se necesita para el desarrollo de estos proyectos. En el caso de los minerales, varias comunidades de la región de Arequipa, en Perú, se han declarado en huelga para pedir mejores condiciones de vida en las zonas de explotación de cobre; en Chile, el agua escasea en las zonas de explotación de este metal; y en la zona conocida como triángulo del litio (ubicada entre Argentina, Chile y Bolivia) ya se están viendo los impactos de su extracción, pues para producir una tonelada métrica se requieren aproximadamente 500.000 galones de agua. Y la lista continúa.
Frente a este panorama, es imperativo que los gobiernos garanticen las más altas salvaguardas sociales y ambientales tanto en la minería, como en la generación de energía renovable. Esto incluye lineamientos y procedimientos de monitoreo y sanción para evitar el vertimiento de residuos peligrosos en fuentes hídricas; garantizar la correcta participación de las comunidades locales; atender y manejar el estrés hídrico que derive de la extracción de estos minerales; evitar o atender la generación de mayores emisiones de gases de efecto invernadero; evitar la vulneración de derechos humanos y la degradación de ecosistemas, y al mismo tiempo, desarrollar políticas de reuso y reciclaje de los minerales, solo por mencionar algunos puntos que deberían estar en las hojas de ruta y la estructura de gobernanza que se desarrolle.
Los gobiernos de Latinoamérica deben leer y entender muy bien el contexto geopolítico al momento de decidir cómo y para quién van a producir los minerales necesarios para la transición y las energías renovables, y cómo usar sus ventajas comparativas de manera estratégica, pues no pueden olvidar que su misión también es descarbonizar sus propias matrices energéticas y eléctricas. Lograr todos estos objetivos representa un reto financiero inmenso, que requiere de un papel activo y consciente de la cooperación, de los inversionistas y de una Banca Multilateral enfocada en ayudar y no en endeudar más a los países.
Nos queda definir si la aceleración de la transición energética que caracterizará este siglo, así como el futuro que tengamos como sociedad, continuará con las dinámicas del pasado, o si hemos aprendido de nuestra historia y tendremos la visión y el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde para garantizar procesos ambientalmente sostenibles, socialmente justos y responsables, y que posibiliten una cooperación y desarrollo regional.
